En la entrega anterior pusimos en cuestión las supuestas posiciones de izquierda que alegaba la senadora Bertha Xóchitl Gálvez. Sin embargo, en el ámbito de la discusión pública rara vez había sido puesta en duda su probidad como funcionaria pública, hasta hace unas semanas, donde comenzó a salir rápida y bruscamente el olor desde las alcantarillas. La información revelada prueba, para sorpresa de pocos tratándose de una panista, los negocios que habría realizado la señora X al amparo del poder público.
Digo para sorpresa de pocos porque es bien sabido que el Partido Acción Nacional (PAN) surge desde su fundación de una aspiración de acercar al poder económico con el político. Los ejemplos de panistas utilizando su poder para enriquecerse a través de sus negocios personales abundan por montones y a escalas diferentes: alcaldes, gobernadores, senadores y presidentes.
Sin embargo, uno de los más emblemáticos fue el escandaloso caso del abogado litigante Diego Fernández de Cevallos, a la vez uno de los líderes panistas más prominentes de la historia del blanquiazul. Un sujeto bien conocido por ser uno de los primeros brókers de la justicia en México, un hombre que aprovechaba sus influencias para torcer fallos judiciales que beneficiaban a su propio despacho y a otros amigos suyos.
Más allá de su corrupta red de negocios judiciales, el jefe Diego tenía también una desfachatez y certeza de impunidad inquietantes, pues en los tiempos en que era senador litigó contra el Estado. Así es, un representante del Estado, litigando contra el Estado, aprovechó las influencias de su puesto público para obligar al Estado a devolver mil 800 millones de pesos a Jugos del Valle a principios de los años 2000. Por ejemplo. Entre entre otros juicios igual de polémicos.
El panismo, como veíamos, es conocido por tener figuras que combinan sus respectivas profesiones (abogados, empresarios) con el poder que obtienen desde adentro de la política. Pareciera que sus adeptos no ven ningún problema legal o moral en hacer negocios a partir del poder político, aunque esto último sea, claramente, ilegal e inmoral.
Xóchitl Gálvez tiene, al menos, dos empresas que brindan servicios a grandes edificios. Los datos revelados en julio de 2023 —sin olvidar que en los últimos nueve años fungió, primero, como delegada de Miguel Hidalgo y, luego, como senadora— dejan notar que sus empresas habrían tenido contratos con el gobierno por una suma cercana a los 155 millones de pesos.
En su defensa, como buena panista, apeló a la libertad de emprender y de decirse una empresaria xingona. Cuando, en realidad, como siempre lo hace, eludió el meollo de la cuestión: en México hay libertad de empresa y también muy buenos empresarios, el problema no es que un empresario se meta en política, sino que su situación radica en no haber vendido su empresa cuando decidió dedicarse al servicio público.
Los conflictos de interés de la señora X no se detienen allí: además de obtener contratos desde el sector público, parece haberse develado otro hecho de suma gravedad. Gálvez habría aprovechado su posición de poder para obtener jugosos contratos para sus empresas en el sector privado. En efecto, una buena parte de los contratos de sus empresas entre 2016 y 2018 se dieron en edificios y desarrollos inmobiliarios dentro de la delegación Miguel Hidalgo, la demarcación territorial que ella gobernaba y donde contaba con facultades muy útiles para facilitarle ciertos aspectos a los desarrolladores. Así, ahí, en ese escenario, sus empresas eran contratadas y recibían sumas nada despreciables de dinero por sus servicios preferenciales nada desdeñables.
Incluso, una reciente investigación revela que un desarrollo inmobiliario que contrató sus servicios en las Lomas de Chapultepec excedió las dimensiones permitidas por la ley, pero la inacción gubernamental permitió que se continuara con la obra. Como puede verse, la señora X encontró una forma más sutil —aunque ilegal, debido al claro conflicto de intereses— de lucrar con su poder, del mismo modo que tantos políticos que hacen sus negocios descaradamente, como sus compañeros de partido del Cártel inmobiliario de la hoy alcaldía Benito Juárez.
Los conflictos de interés de Gálvez son evidentes, tanto en el sector público, como en el sector privado. En su defensa, además de invocar la libertad de empresa, la panista decidió proceder jurídicamente contra el presidente por revelar datos fiscales de sus dos empresas, diciendo que lo que le molesta es la amenaza que ello representa para su familia. Lo dijo la misma persona que no tuvo empacho alguno en acosar a José Ramón López Fernández, hijo del presidente. Puede verse, así, que la señora X tiene una doble vara para todo: hay quien se sirve de su poder para hacer negocios y es un corrupto; y está ella, que hizo lo mismo, pero que, pese a todo, considera que ello no la convierte en corrupta, sino en una gran empresaria.
Xóchitl Gálvez, podemos concluir, es una panista hecha y derecha, no únicamente porque siempre ha representado los intereses de su partido, sino porque tiene el mismo modus operandi de enriquecerse al amparo del poder público, y la misma desfachatez para defenderse invocando la libertad. Pero nada de esto debe ser sorpresa, pues la señora X es una conservadora y, como suele decir cierto político por las mañanas, “la doctrina de los conservadores es la hipocresía”.
