Sara Hidalgo

La segunda victoria de Donald Trump, en noviembre de 2024, representó para ciertos actores opuestos a los gobiernos de la Cuarta Transformación una fuente de esperanza. Trump podía ser un personaje polarizante, éticamente cuestionable y con una documentada aversión hacia México y los mexicanos. Pero la derecha se encontraba desmoralizada tras el descalabro electoral de junio de ese año, y la victoria de Trump ofrecía la ilusión de que aquello que no habían logrado construir internamente pudiera llegar desde el exterior, mediante la fuerza de la presión, e incluso el intervencionismo —más o menos velado— del gobierno estadounidense. 

Esta actitud, por supuesto, no es nueva, y debe entenderse como parte de una larga tradición entre las derechas latinoamericanas de aliarse con el gobierno estadounidense para derrocar ilegalmente a gobiernos de izquierda electos democráticamente. Basten los ejemplos de los golpes contra Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y contra Salvador Allende en Chile (1973) para refrescar la memoria. 

En efecto, desde que Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela en 1998, la oposición identificó a Estados Unidos como un aliado natural. A lo largo de los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Trump, Washington respaldó a los sectores más radicales de esa oposición, llegando incluso a apoyar el fallido golpe militar de 2002.

La ironía ha sido que, hasta ahora, la intervención militar directa finalmente se materializó con la remoción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por medio de la Operación Resolución Absoluta. El gobierno estadounidense no ha dado ninguna señal de apoyar una transición democrática, y ni siquiera de incorporar a la oposición venezolana al nuevo orden político. Por el contrario, Trump parece estar bastante cómodo con un régimen que en los últimos años se ha vuelto visiblemente antidemocrático, siempre y cuando pueda proclamar la victoria que le ofrece el espectáculo de la intervención militar y el control de los recursos naturales. 

Trump está dejando claro algo que siempre ha sido cierto: las intervenciones estadounidenses en la región nunca han tenido como objetivo la democracia, el control de la criminalidad ni, mucho menos, la justicia social. Como potencia global y regional, Estados Unidos actúa para avanzar sus intereses geopolíticos y materiales, como quiera que estos se definan. Y en esa actuación, la historia muestra que Washington ha tenido una amplia tolerancia a regímenes abiertamente autoritarios y violatorios de los derechos humanos, como lo fueron las juntas militares del Cono Sur establecidas con su anuencia—y en muchos casos, apoyo—durante la Guerra Fría. 

La experiencia reciente venezolana debe ser una lección para las derechas en América Latina: ninguna intervención extranjera va a sustituir el trabajo real de organización política, de escuchar las necesidades de la población y de construir proyectos con apoyo y arraigo social. Hasta ahora, la oposición de derecha en México se ha negado a hacer ese trabajo. Esperemos, al menos, que la experiencia reciente en Venezuela desmonte la fantasía de que el gobierno de Donald Trump vaya a darles un atajo.