Por Aleida Hernández Cervantes

La segunda administración de Donald Trump al frente de Estados Unidos ha resultado ser la más inmoral y perversa que ha tenido ese país en toda su historia como nación independiente. Y eso, sin menospreciar a los valiosos competidores que le anteceden.

Es inmoral porque el que detenta el poder llegó acusado de múltiples delitos, violación y acoso sexual, entre ellos, agregándose sus vínculos con Jeffrey Epstein, magnate acusado de estar al frente de una gran red transnacional de pederastia en la que hay indicios de que pudo haber participado. Es inmoral, también, porque en sus acciones y discursos ha quedado totalmente desplazada la larga construcción del valor de la diplomacia, que incluye un inicial respeto por los derechos de las personas y por las naciones, así como un lugar especial al diálogo y la construcción de acuerdos.

En su lugar, él y los representantes de su administración humillan, amenazan, confrontan, invaden, secuestran a presidentes en funciones; violan tratados internacionales y sus propias leyes internas; extorsionan y chantajean a otros y otras mandatarias de naciones soberanas; apoyan y financian genocidios; indultan a narcotraficantes  sentenciados (como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández). La lista de las acciones y expresiones ignominiosas realizadas por el presidente Donald Trump, solo en este segundo mandato, es interminable.

En ese contexto, la solicitud de detención provisional con fines de extradición que realizó a México el Departamento de Justicia del sur de Nueva York, del gobernador de Sinaloa (ahora con licencia) Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de la entidad, derivada de la acusación que les imputa delitos por posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa, debe ser leída en clave geopolítica, además de considerar los aspectos jurídicos de manera estricta.

Lo inédito

Esta solicitud es inédita porque es la primera vez en la historia de las relaciones bilaterales entre EUA y México, que una institución de justicia de Estados Unidos solicita detener con fines de extradición a un gobernante en funciones. Lo de “en funciones” es clave debido a que, por lo general, realizan las solicitudes de extradición cuando terminan el periodo para el que fueron elegidos. Esto es así porque en Estados Unidos saben del proceso de desafuero que tendría que llevarse a cabo para proceder a su posible detención, lo cual implica una delicada y compleja tensión entre fracciones políticas al interior de los gobiernos estatales o, en su caso, en el Congreso de la Unión, dificultando la procedencia de la solicitud. La solicitud, en estas condiciones, carece de toda ingenuidad política.

Por el contrario, está planteada para generar una incidencia en la correlación de fuerzas políticas al interior de nuestro país. Por eso, la misma solicitud expresa, más allá de la veracidad de la acusación -que se tiene que probar en sus etapas procesales-, dos mensajes políticos contundentes.

El primero, que la administración Trump diversifica las formas en las que interviene y presiona en los asuntos nacionales de México, convirtiéndose en un actor político que, con el solo accionar mecanismos jurídicos como el tratado de extradición firmado por ambos países para señalar y acusar a distintos personajes políticos, incide en los equilibrios de poder nacionales. Lo que en América Latina hemos aprendido a llamar lawfare —el uso político-faccioso del derecho para desestabilizar adversarios— tiene aquí una expresión transfronteriza: no es un proceso interno que desvirtúa al poder judicial de un Estado, sino un Estado extranjero que convierte su aparato judicial en instrumento de presión sobre otro.

Es el lawfare como instrumento de intervención transnacional.

El segundo mensaje: la cronología no es casual. Es posible que Estados Unidos tuviera el expediente contra Rocha Moya desde hace un par de años; el dato relevante es que lo activaron exactamente en los días posteriores al escándalo de los agentes de la CIA fallecidos en un accidente en Chihuahua, quienes operaban de manera encubierta sin el conocimiento ni la autorización del gobierno federal.

Es decir, usaron facciosamente su aparato de justicia y el mecanismo de extradición como respuesta amenazadora al gobierno de Claudia Sheinbaum, ante la exigencia de investigar a la gobernadora panista Maru Campos, quien auspició la presencia y las acciones de agentes de la CIA en territorio mexicano.

Y, entonces, ¿cómo podemos creerle a EE. UU. y, especialmente, a Trump, sus intenciones de combatir el narcotráfico si indulta y libera a un narcotraficante sentenciado a 45 años de prisión, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, por facilitar el tráfico de cocaína y la comisión de otros delitos?

El gobierno de Sheinbaum, sin duda, tiene ante sí grandes retos en torno a este caso: guardar el equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y conseguir la verdad y la justicia ante nuestras propias instituciones nacionales. No se trata de opciones excluyentes, pero su articulación requiere una voluntad política sostenida y una capacidad institucional que aún está en construcción.

La Fiscalía General de la República tendrá que generar, para estos casos que revisten un carácter político, procesos de investigación transparentes, con debida diligencia, cuidando no convertirlo en espectáculo y procurando llegar a la verdad y hacer justicia. La forma en la que se procese el caso de Rocha Moya y compañía en nuestras instituciones marcará la pauta de hasta dónde se quiere llegar en la construcción de un Estado de derecho soberano y efectivo.

No es opción dejar que Estados Unidos use facciosamente la justicia y agreda nuestra soberanía nacional. Pero tampoco es opción quedarnos sin verdad y sin justicia. El pueblo de Sinaloa, que ha estado padeciendo múltiples violencias durante muchos años, también necesita conocer la verdad y tener justicia.Esas dos exigencias no se cancelan entre sí: construirlas en simultáneo es, precisamente, el desafío histórico que tiene frente a sí el Estado mexicano.