Seis años consecutivos de avance en el nivel de paz en México son un logro digno de celebrarse, y un aliento para acelerar los esfuerzos en este sentido ante un panorama de reestructura del crimen organizado por los golpes dados en Sinaloa, Jalisco y Michoacán, y los altos y groseros índices de impunidad en el país.
La mejora histórica del 5.1% de la paz en México durante el último año (2025), que significa el mayor adelanto en una década, tiene su origen principal en la disminución de las tasas de homicidios, aunque el índice también mide crímenes de la delincuencia organizada, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego y miedo a la violencia.
Puede pensarse que el título de esta columna es pretencioso, pero es con el que el Institute for Economics and Peace cabecea el resumen de su Índice de Paz México 2026, que abarca del 2015 al 2025 y en el que también plantea riesgos renovados por lo que llama “la fragmentación de los cárteles en el país”.
Vale la pena complementar esta visión con lo que también está efectivamente pasando en territorio: la puesta en marcha de mecanismos que inciden en el fortalecimiento del tejido social, la cohesión social y la cultura de paz, a través de la Estrategia Nacional por la Paz, del gobierno mexicano, y acciones concatenantes como las que impulsa la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias (PUCPAZ).
La paz positiva, como llaman los expertos a la que proviene de la construcción activa de la justicia social, la equidad, el respeto a los derechos fundamentales y el bienestar general para toda la población, tiene ya también sus frutos, suele ser más perdurable y llega para quedarse, en virtud de que es sostenida por las propias comunidades.
De manera particular, en los trabajos de estudiantes universitarios del área social suelo pedir que sus proyectos contengan indicadores de paz, esto es, que haya un rubro específico en el que puedan distinguir de qué manera sus ideas, investigaciones, modelos o intervenciones influyen en la comunidad midiéndolos desde su aportación a una verdadera cultura de paz.
Es así que indicadores ligados a la educación, emancipación / diálogo horizontal, género, justicia retributiva, igualdad, derechos humanos, participación social y ciudadana y convivencias pacíficas, entre otros, son parte de lo que debiésemos consignar dentro de los proyectos de bienestar o de impacto comunitario, con el fin de que lo cuantitativo, que está dentro del campo positivista de las ciencias, “salte” hacia cualidades que aprecia el ser humano y su vida colectiva.
No se trata, por tanto, de hacer por hacer y de esquematizar presupuestos sin considerar el potencial de las personas y el alma de los pueblos, y tenemos la fortuna de que en México eso lo hemos estado entendiendo.
Desde el tergiversado “abrazos, no balazos”, hasta la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, que contiene como primerísimo punto “Atención a las causas” (prevención del delito con oportunidades para jóvenes, mediante empleo, educación, cultura y deporte), hay un acento humanista que apuesta a las soluciones de largo plazo. Súmese a esto las medidas para construcción de paz en colonias, barrios y pueblos, y el reciente “ABC de las Emociones”, que cuida de la salud mental de nuestros jóvenes.
Queda claro que la mejora sin precedentes del índice de paz en un país como el nuestro no puede fijarse solo en estadísticas que se procesan en instancias de seguridad, pues ahí no se ve reflejada la riqueza de una comunidad. Por eso, aunque suene como disco rayado, es fundamental el papel que toca hacer a las y los ciudadanos para robustecer el logro con el que iniciamos esta columna.
