En nuestra tercera entrega para Sentido Común decíamos que, después de que la dirección de Regeneración decidió expandir su crítica más allá del poder judicial, éste no volvió aparecer entre los “enemigos” de los revolucionarios, ya en el periodo posterior a 1910. En esta cuarta y última parte de nuestra reflexión trataremos de esbozar una respuesta a esta interrogante, puesto que, como lo estamos viviendo en la actualidad, tuvo que pasar más de un siglo para que el poder judicial estuviera en la mira de un proceso transformador.
Como cualquier proceso de cambio social, político y económico, la Revolución mexicana encontró resistencias a sus decisiones, ideología e integrantes. ¿Cuáles fueron esas resistencias y quiénes las enarbolaron? La pregunta se puede contestar con una anécdota de Francisco J. Múgica.
El general michoacano refiere que en 1913, después del asesinato del presidente Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, había convocado a los revolucionarios a redactar el Plan de Guadalupe y formar el Ejército Constitucionalista. Por varios días se discutieron cuáles debían ser los objetivos prioritarios de dicho plan, puesto que para Carranza lo principal era restituir la legalidad del gobierno, ocupada por un usurpador (Victoriano Huerta), mientras que para los jóvenes revolucionarios otras eran las urgencias del proceso, que el pueblo reclamaba. Con una visión más estratégica, Carranza les preguntó a los más jóvenes:
“¿Quieren ustedes que la guerra dure dos o cinco años? La guerra será breve mientras menos resistencias haya que vencer. Los terratenientes, el clero y los industriales son más vigorosos que el gobierno usurpador; hay que acabar primero con éste y atacar después los problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes”.
Múgica recuerda que el Plan de Guadalupe finalmente se firmó, prevaleciendo la visión de Carranza, pero con “la promesa de formular el programa social al triunfo de la lucha” (Anna Ribera Carbó, Francisco J. Múgica, México, Fondo de Cultura Económica, 2019, pp. 34-35). La anécdota de Múgica nos anima a repensar las razones por cuales el poder judicial desapareció en el horizonte de enemigos de los revolucionarios.
Los terratenientes, el clero y los industriales no eran los adversarios naturales de la revolución de Francisco I. Madero, quien básicamente buscaba una democrática rotación de las élites en el ámbito político. Sin embargo, conforme los sucesos fueron avanzando y los choques de los gobiernos y funcionaros maderistas con los integrantes de estos tres poderes se prolongaron, se definió quién era quién en la vida pública. Para 1913 y con el asesinato de Madero, a los revolucionarios más radicales, como Múgica, se les reveló nítidamente el contorno de los adversarios de la Revolución.
En este proceso revolucionario, caracterizado por una confrontación armada e ideológica generalizada en diversos ámbitos de la vida pública, la corrupción del poder judicial denunciada años atrás por el periódico Regeneración desapareció como objetivo. Quizá porque entre todos los problemas que enfrentaba la nación en aquel entonces, este poder no representaba un obstáculo a vencer, precisamente porque no se opuso al proceso de manera abierta o porque en esencia no tocaba sus privilegios. La realidad es que las demandas sociales se concentraron en otros objetivos: derechos laborales, derecho a la tierra, derecho a la educación, sufragio efectivo, no reelección, etcétera.
¿Qué nos revela de nuestro pasado y de nuestro presente el hecho de que el poder judicial haya aparecido nuevamente como un problema de nuestras instituciones, pero en esta ocasión confrontado públicamente con un proceso transformador? Por un lado, se nos muestran las características propias de la transformación de la vida pública puesta en marcha por el gobierno de la cuarta transformación (la lucha contra la corrupción, la austeridad republicana, la vía pacífica), que orillaron al poder judicial a exhibirse como parte de uno de los problemas institucionales urgentes a reformar. Por otro lado, se nos revela que el proceso revolucionario iniciado en 1910, si bien avanzó en un programa social que todos conocemos, dejó intacta la corrupción que se venía arrastrando desde la administración porfirista, incluyendo al poder judicial.
Finalmente, y para concluir, la actual coyuntura política en México nos ha permitido reconocer que los primeros números de Regeneración fueron visionarios, que no se equivocaron en su diagnóstico de la enfermedad del Estado mexicano, pero que quizá otras problemáticas se impusieron en su momento como demandas sociales urgentes de atender. De cualquier forma, creemos que con nuestras reflexiones para Sentido Común ya no se podrá leer con los mismos ojos los pininos de Regeneración.
