En mi opinión, todas las inequidades electorales en contra de Andrés Manuel López Obrador, así como la otrora alianza implícita del PRIAN, tuvieron como fin que no pudiera llegar a la presidencia para que no le cobrara a la oligarquía los impuestos que deben pagar, según marca la ley, y que no le pudiera retirar los beneficios fiscales y subsidios que recibía de manera injustificada. Basta recordar algunos spots financiados por supuestas organizaciones de la sociedad civil que se transmitieron con la anuencia del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por Luis Carlos Ugalde, en donde se vaticinaba un aumento sin control de la deuda pública, depreciaciones del peso frente al dólar, inflación, desempleo, crisis económicas, gasto público sin control… En fin, todo aquello que no ha sucedido a más de media administración, pero que sí pasó con los gobiernos neoliberales, de Miguel De la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Ya en la desesperación y ante un posible triunfo de López Obrador, incluso el PRIAN llegó a proponer darle autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT), probablemente con la intención de blindar los intereses de sus patrocinadores del control popular, como hicieron con la supuesta política de competencia.
Además de la estabilidad macroeconómica, lo que podemos afirmar es que durante el gobierno de López Obrador se acabaron las condonaciones fiscales. Lo primero que hicieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto fue otorgar generosas amnistías fiscales en 2007 y 2013. Las fechas no son ninguna casualidad, claramente se trata de pagos por favores. Tras cuatro años de litigio contra el SAT, la organización Fundar logró obtener la lista de contribuyentes beneficiados por condonaciones fiscales de 2007 a 2015. De acuerdo con su propio análisis, ochenta contribuyentes, equivalentes a sólo el uno por ciento de los beneficiarios, obtuvieron la mitad del monto de las condonaciones: poco más de 85 mil millones de pesos.
El otro gran cambio que ha traído la administración del presidente López Obrador por medio del SAT y su titular Raquel Buenrostro ha sido el incremento en los ingresos tributarios como proporción de los ingresos del gobierno federal, especialmente del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA); pero, todavía más importante, de la proporción que aportan los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes se definen, de acuerdo con el SAT, como quienes declaran ingresos por más de mil 500 millones de pesos al año, conformados por 11 mil 028 empresas.
A efecto de hacer comparaciones válidas, consideré las cifras de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión correspondientes al cuarto trimestre del tercer año de gobierno de las administraciones de Calderón, Peña Nieto y López Obrador; es decir, concretamente 2009, 2015 y 2021. Los ingresos tributarios en 2009 representaron el 56.5 por ciento de los ingresos del gobierno federal; en 2015, 74.4 por ciento; y en 2021, 82.6 por ciento. El principal impuesto dentro de los ingresos tributarios siempre ha sido el ISR, cuya principal característica es que es progresivo, lo cual implica que pagan proporcionalmente más quienes más ingresos tienen. Así, los ingresos del gobierno federal que provienen de este impuesto fueron 29.7 por ciento en 2009; 38.9 por ciento en 2015; y 43.9 por ciento en 2021.
Y ahora, el #DatoEncerrado: la proporción de los ingresos del gobierno federal que provienen de los grandes contribuyentes pasó de 25.7 por ciento en 2009 a 27.8 por ciento en 2015, hasta alcanzar un 42.8 por ciento en 2021. Queda claro ahora que la prioridad para Calderón y Peña Nieto era congraciarse con la oligarquía, mientras que el incremento en la recaudación explica el enojo y miedo que tienen ésta y sus testaferros contra la 4T y su posible profundización.
