El 17 de octubre conmemoramos el 70 aniversario del derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal. Esta fecha resalta en este 2023 no sólo por el cierre de las primeras siete décadas donde las mujeres gozamos de ciudadanía plena, sino también por la situación inédita en que se encuentra la representación política de todas las mexicanas, que constituyen demográficamente más de la mitad de la población. Evidentemente reconocemos que la presencia de más mujeres en cargos públicos es resultado de décadas de lucha, pero sería injusto no identificar que esta circunstancia también es signo de la transformación de la vida pública.
Entre 1979 —cuando la feminista Griselda Álvarez fue la primera mujer electa gobernadora del país, en Colima— y 2018 nuestro país había tenido siete gobernadoras electas y una interina. Hoy son nueve mujeres gobernando simultáneamente (aunque son diez las mujeres electas, pero la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum solicitó licencia) y por primera vez vimos paridad en el gabinete del ejecutivo federal. Entonces, la paridad no es sólo resultado del impulso histórico, sino también de la voluntad política, destacadamente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la paridad, un derecho constitucional, se debate a todos niveles y todavía debe ejecutarse por mandato. Por eso, este 24 de octubre, de acuerdo con los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional Electoral (INE), se definió que en los nueve estados del país que elegirán gubernaturas, cinco deberán ser mujeres. Esta decisión no fue sencilla, el órgano electoral discutió en varias sesiones cómo debían proceder los partidos políticos en la próxima elección para determinar cómo se cumpliría con el mandato constitucional de paridad; e incluso en una sesión las y los consejeros votaron de forma errada y la decisión quedó inconclusa. Intuimos que hubo dificultad para llegar a ese acuerdo entre la institución electoral y los partidos políticos.
Y es que la situación planteó dilemas profundos de cara a la próxima elección. Por ejemplo, frente al planteamiento de escuchar a la ciudadanía a través de encuestas sobre sus preferencias, se han instalado alcances democráticos para los que las leyes e instituciones claramente no están preparadas. Es indudable que gracias al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) este criterio ha adquirido el mayor nivel de legitimidad política, al grado de que el frente opositor también ha intentado, con muy malos resultados, implementar tal estrategia (no olvidemos que Xóchitl Gálvez fue designada sin que se lograran culminar las etapas de su proceso y terminó siendo impuesta por el dedazo de los líderes de los partidos que la abanderan).
Entonces, resulta que Morena ha planteado un reto a la propia democracia mexicana, en la que se estilaba la designación cupular de las candidaturas. Por el contrario, ahora su forma de elegir a quienes encabezarán sus candidaturas involucra a toda la población, en un proceso en que el componente de la paridad impone otro elemento a considerar. Será crucial, en este sentido, que se comprenda a todos niveles que la designación de más mujeres no rompe con el sentido democrático en que únicamente la preferencia importa, sino que la ciudadanía tiene una capa más de análisis: los derechos de las mujeres se imponen como un imperativo de la política, se basan en el sexo y ejecutarlos en la vida democrática fortalece el reconocimiento de nuestros derechos de mujeres, forjados con siglos de lucha feminista.
Son medidas de estricta justicia.
