La empresa ratificó su desistimiento en el juicio de amparo contra el decreto del presidente para restringir transgénicos y el uso de glifosato ya que resulta cancerígeno y destructivo para la economía interna
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- México logró una victoria sin precedentes en soberanía alimentaria, al proteger su diferentes variedades de maíz contra la empresa Monsanto, quien intentó penetrar el mercado con transgénicos y químicos cancerígenos como el glifosato.
Con el desistimiento de la demanda que la empresa trasnacional Monsanto Company mantuvo hasta el pasado martes 25 de abril en contra del decreto presidencial de 2020 —que busca prescindir del glifosato y el maíz transgénico para consumo humano—, México obtuvo un triunfo en una batalla jurídica en la que prevaleció la razón a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria.
En este contexto, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera su compromiso de seguir avanzando con firmeza en el cumplimiento del decreto y en cabal coordinación con el resto de las instancias de la Administración Pública Federal (APF), hasta conseguir que los maíces transgénicos y el glifosato queden fuera de los alimentos de las familias mexicanas.
Cabe recordar que la publicación del decreto presidencial para la restricción del glifosato y el maíz transgénico, devino en una avalancha de demandas de amparo promovidas por diversas empresas dedicadas a la comercialización de agrotóxicos u otros insumos agropecuarios, como granos y semillas, y organizaciones (como Proccyt, A. C. y el Consejo Nacional Agropecuario, A. C.) que representan a esas mismas empresas o a productores convencionales, en favor de los intereses de compañías trasnacionales y gigantes del oligopolio de la agricultura industrial.
Se trata de más de 30 juicios de amparo, a través de los cuales buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos. Sin embargo, la gran mayoría de esos juicios están ya concluidos con resoluciones que no favorecieron a las empresas y asociaciones civiles.
Esto llevó a que el decreto presidencial de 2020 se mantuviera firme, hasta que fue abrogado por uno nuevo en 2023 que reafirma lo establecido en el anterior y agrega la instrucción de sustituir gradualmente el maíz transgénico para consumo animal y uso industrial para consumo humano.
En los juicios hubo varias resoluciones de fondo en las que las personas juzgadoras razonaron sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible que implica el uso del glifosato; incluso, se menciona que decir que “el glifosato no es nocivo para la salud, constituye una afirmación dogmática y sin sustento”.[1]
Uno de los procesos judiciales contra el decreto de 2020, activo hasta el martes pasado, fue el originado con la demanda principal y los recursos adhesivos de las empresas Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial, filiales de la trasnacional Bayer AG, que, en 2018, concretó la compra del gigante de los agrotóxicos y la biotecnología transgénica, Monsanto Company. Este juicio estuvo radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con el número de expediente 313/2021.
En el litigio, Conahcyt fue señalado como una de las autoridades responsables, por lo que esta institución ofreció cerca de 250 documentales que exhibían la evidencia científica y jurídica que da sustento a los argumentos plasmados en sendos informes justificados y promociones, en defensa del decreto presidencial.
Estas pruebas fueron desestimadas por el juzgador por considerar que no eran parte del acto por el que el Conahcyt había sido señalado, pero se reingresaron al expediente al ser presentadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien tenía la representación de la Presidencia de la República, y, por ende, se tuvieron por ofrecidas y desahogadas.
[1] Por ejemplo, las resoluciones de los expedientes: 232/2021 del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ya archivado; 1031/2023 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ya archivado; 246/2021 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, aunque la quejosa interpuso recurso de revisión 40/2023, se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En julio de 2022, el juez Francisco Rebolledo Peña resolvió a favor de Monsanto con una sentencia controversial, contradictoria y parcial que omitía elementos fundamentales para la protección de los derechos humanos e ignoraba las pruebas aportadas por las autoridades. La sentencia fue recurrida por Semarnat, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Conahcyt, quienes continuaron avanzando en el cumplimiento cabal del decreto.
El recurso de revisión (expediente 504/2022) llegó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en octubre de 2022. El magistrado ponente, Ricardo Gallardo Vara, presentó en diversas ocasiones (1, 2 y 3), propuestas que favorecían a Monsanto y que no consideraban los argumentos de peso en materia de derechos humanos, ni la aplicación obligatoria del principio precautorio, ni la vasta evidencia científica sobre los daños y riesgos asociados al glifosato y al maíz transgénico.
Todas las propuestas de Gallardo Vara fueron rechazadas por los otros dos magistrados, José Patricio González Loyola Pérez y Jean Claude Tron Petit, quienes externaron razonamientos sobre los derechos humanos, el principio precautorio y algunos hechos notorios respecto a la evidencia de daños asociados al glifosato y el maíz transgénico, por lo que la ponencia fue returnada, quedando en manos del magistrado Tron Petit.
En este proceso, Conahcyt presentó ante los tres magistrados distintos recursos legales que fueron acompañados por personas expertas y remitieron amicus curiae eleborados por peritos en la materia. Finalmente, el 19 y 24 de junio del año en curso, las empresas de Monsanto presentaron y ratificaron, respectivamente, un escrito por medio del cual se desistieron del juicio.
Resulta necesario recordar que la empresa Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares por daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, en los que el glifosato fue relacionado con el desarrollo de cáncer, además de multas millonarias por publicidad engañosa.
En los primeros juicios, a través de un procedimiento judicial, fueron revelados documentos internos de la compañía que constituyen evidencia de que la empresa sabía que el glifosato causaba cáncer y lo ocultó, que ha realizado malas prácticas científicas como ghostwritting, refiriéndosea la escritura y promoción de artículos escritos por ellos mismos y a su favor, pero usando otros nombres y distintos medios. Además, que ha tenido participación en estrategias para intentar desacreditar a científicos independientes y a la agencia internacional de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.
En el caso de México, durante el periodo neoliberal, la empresa Monsanto tuvo fuerte influencia sobre el proceso de creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modicifacos (LBOGM), al grado de que fue apodada Ley Monsanto.
La misma empresa vio favorecidos sus intereses tras la publicación de la LBOGM, ya que obtuvo más de la mitad de todos los permisos de liberación al ambiente y autorizaciones para la importación y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM), la mayoría tolerantes a glifosato, en detrimiento de la salud de las y los mexicanos.
Es oportuno mencionar que aún prevalecen algunos juicios contra el decreto de 2020 y otros pocos contra el decreto de 2023, vigente a la fecha, que siguen su curso.
En este último caso, también existe una demanda presentada por las empresas de Monsanto en México, que se asienta en el expediente 605/2023, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Tal como corresponde, Conahcyt presentó nuevamente pruebas que soportan los argumentos jurídicos y científicos a favor de las medidas que restringen el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano, así como el retiro gradual del maíz transgénico para consumo animal y usos industriales para consumo humano. Esta vez son cerca de 450 documentales.
En ese asunto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a las empresas de Monsanto la suspensión provisional que solicitaron para que el decreto de 2023 fuera detenido, bajo el argumento de que, en su caso, cualquier afectación particular que se le pudiera causar a las trasnacionales, éste “se subordina al interés general, pues el particular tiene un simple interés privado, a diferencia del Estado, que tiene la representación del interés público”.
A su vez, Conahcyt presentó la promoción correspondiente en la que pone a la vista de la juzgadora el cumplimiento del decreto y las alternativas al glifosato, consistentes tanto en bioinsumos como en prácticas agroecológicas, cuya efectividad ha sido probada en campo para los principales cultivos comerciales del país a grande, mediana y pequeña escala, en diferentes estados. La empresa presentó un recurso de revisión del que luego se desistió (expediente 221/2024, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa), por lo que el juicio principal sigue su curso.
Con la atención puntual y cabal a estos procesos judiciales, en cumplimiento de su objetivo y fundamentado en la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), Conahcyt mantiene el apoyo a investigaciones humanísticas, científicas, tecnológicas e innovadoras para indagar presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz, lo que permitirá determinar las posibles rutas de dispersión, así como otras acciones sustantivas y fundamentales que contribuyan a garantizar el derecho humano del pueblo de México a una alimentación saludable.
