Se dice, se comenta en los pasillos que los derechos humanos son la base de la convivencia, y del mismo modo su falta de garantía es la base del conflicto y (no siempre, pero muchas veces) es también la causa de la violencia. En Chiapas la falta de perspectiva de Estado en el estado, así como dejar las decisiones públicas a la suerte y voluntad de caciques incapaces, ha construido desde hace siglos un sistema basado en la dominación y sojuzgamiento de los pueblos. Esto puede sonar a consigna noventera, pero la cosa no ha cambiado mucho, a pesar de revoluciones y transformaciones.
Me permito entonces hacer una afirmación aventurada: el problema principal de Chiapas no es la pobreza, sino el acceso a derechos (y me aventuro un poco más, el acceso a derechos de segunda generación). Los habitantes de todo Chiapas ven la forma de nacer, de alimentarse, de educarse, de sanarse; con, sin o a pesar del Estado. Los problemas aparecen cuando esas personas quieren acceder a otros derechos, a otros espacios (participación social y política, por ejemplo). Cada vez que una persona chiapaneca quiere ejercer un derecho, necesita ver el modo de conseguirlo, más allá del procedimiento. No puede acceder a ellos como lo haría un canadiense a un servicio de salud, o un gringo a publicar su opinión en la red, o un chileno a postularse para un puesto público. Cuando un chiapaneco necesita algo requiere tener un pariente en la ventanilla adecuada o los recursos suficientes. Cuando esto no se tiene, pues se bloquea, se quema, se retiene… hace falta un esfuerzo bastante considerable para conseguir esos algos que son garantía constitucional.
El ejercicio de derechos, o más bien el reclamo derivado de la incapacidad de ejercer los derechos, adquiere formas diversas que nunca son las dictadas por leyes y reglamentos. En cualquiera de sus 124 municipios, el acceso a los servicios públicos dependerá de la capacidad de movilización y de presión, no de la capacidad de cumplir los requisitos establecidos. Esta modalidad “fáctica” del ejercicio de derechos ha adquirido en los últimos años un componente de violencia que cada vez es más crudo, más desatado. La violencia se va convirtiendo en la única forma de demandar el cumplimiento de derechos. El garante solamente garantiza si ejerces suficiente fuerza como para obligarlo a mirarte.
La violencia en Chiapas no es nueva: la nuestra es una historia de guerras, batallas, enfrentamientos, ataques, invasiones, asesinatos, venganzas, escarmientos, rebeliones, linchamientos, ajusticiamientos, ejecuciones; en fin, bronca y argüende. Pero aunque no es nueva, ha tomado nuevos rumbos luego de la guerra calderónica y de Rápido y Furioso. La circulación de armas alcanzó a todo el estado. Eso que ayer se hacía con herramientas de trabajo (palos y machetes), hoy se hace con pistolas y fusiles. Lo que hace 30 años caracterizaba exclusivamente a guardias blancas y guerrillas, hoy es parte del cotidiano de cualquier grupo de interés, sea popular o gremial o empresarial: armas para “resolver conflictos”.
¿Qué podemos hacer? Concluyo con preguntas que podrían ser demandas: ¿qué pasaría en Chiapas si, para variar, en lugar de intentar resolver la injusticia e impunidad imperantes con dádivas o represión se intentara esa cosa llamada garantía de derechos?, ¿si de pronto a los servidores públicos les diera por proveer servicios públicos en lugar de servirse de lo público?, ¿si de pronto las acciones de los tres niveles de gobierno se enfocaran en los pobres?, ¿si se persigue y castiga la corrupción?
Suena a un Chiapas lejano, desconocido y exótico. Un Chiapas donde las armas y la violencia no serían necesarias para ejercer derechos.
