En un texto de hace 15 años, Alain Badiou planteó que tras la caída del muro de Berlín casi todas las fuerzas políticas se apropiaron del emblema democrático. En lo que para muchos fue un gran avance, el filósofo advertía lo contrario: no se había establecido un espacio común donde los valores democráticos representaran un acuerdo mínimo de convivencia, sino una apariencia que carecía de sustancia.
Esta crisis de sentido el pensador francés la ilustró a través del conocido mito de la caverna. De la misma forma que Platón describe a las sombras como manifestaciones deformadas de la verdad, Badiou acusa que la mayoría de regímenes contemporáneos son una distorsión de la verdadera democracia.
En gran medida, esta tergiversación fue producto del excesivo peso que la clase política le concedió a la competencia electoral y a la cuestión técnica. Aunque ambos son elementos importantes para cualquier régimen, por sí solos no garantizan su funcionamiento ni su legitimidad.
No es casualidad que en México mientras más avanzaban estos tópicos en la agenda pública, mayor desilusión había entre la población. El motivo es fácil de entender: la “transición democrática” fue una estratagema para legalizar la captura de las instituciones y la exclusión de las clases populares de la esfera pública.
En la práctica, la ficción de la alternancia partidista en nada mejoró la posición del ciudadano común y corriente, quien permaneció como espectador de la toma de decisiones. La tecnocracia impuso una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda, bajo el supuesto de que los más “capaces” velarían por los intereses de los demás. Así, se justificó la opacidad con la que se ejerció el poder ejecutivo, el legislativo y, por supuesto, el judicial.
En este sentido, no es la primera vez que la oposición recurre a este falso argumento: además del caso de la reforma judicial, lo presentó contra la revocación del mandato y la consulta popular. Su espíritu oligárquico siempre sale a la luz cada vez que se cuestiona el monopolio que esta oposición ostentaba sobre lo público.
Lo cierto es que la democracia parte del supuesto de que todos los miembros de la comunidad pueden participar en la esfera pública, pues tienen capacidad de deliberar. Por tanto, lo lógico sería que la conformación de los poderes públicos fuese una decisión colectiva.
Por el contrario, los defensores del poder judicial asumen que las clases populares ignoran los secretos del gremio. Y, aunque pudiera ser cierto, esto habla más de la forma discrecional con la que se apoderaron de las instituciones que de la perspicacia de los sectores populares y de su noción de lo justo.
El sentido de justicia va más allá del contenido de los manuales de leyes. Carlos Lenkersdorf nos compartió varios ejemplos que atesoraba de su convivencia con los tojolabales. Vale la pena recordar uno: dos hombres que robaron una vaca de otro ejido permanecerían en la cárcel hasta pagar cinco mil pesos. En asamblea, su comunidad decidió pagar el monto, pues, además de sentirse corresponsables, concluyeron que el encierro no reparaba la falta. Al regresar, se les notificó a los dos hombres que pagarían su deuda con trabajo para bien de la comunidad y que serían vigilados por los comuneros hasta mostrar un cambio de actitud.
Aunque muy probablemente ninguno de los miembros de esta comunidad pisó jamás una facultad de derecho, tendrían que enseñarle a los señores de la Suprema Corte que la justicia restaurativa no es una idealización o una utopía, sino una práctica que involucra a toda la comunidad, es decir, es parte consustancial de la verdadera democracia.
A fin de cuentas, el ensimismamiento del gremio judicial —como del resto de la clase política—, permanecer tanto tiempo oculto tras el emblema democrático, les impidió percatarse que existía un gran consenso para transformar la vida pública, un proceso que los ha dejado, prácticamente, en la irrelevancia frente a la transformación que seguirá aconteciendo a pesar de sus caprichos.
