El investigador y articulista Guillermo Sheridan dio a conocer los indicios del plagio en que habría incurrido la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel, aspirante a presidir este tribunal. El cálculo de los responsables de esta denuncia radicaba, seguramente, en descarrilar la candidatura de quien a juicio de muchos era proclive al primer mandatario.
La denuncia —plausible y documentada según insumos que no es dable pensar que el investigador se allegara por esfuerzo propio— perjudicó a la ministra. Sin embargo, el cálculo de los opositores resultó errado, pues el disparo periodístico terminó por hacer blanco en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alma máter de la ministra. La onda expansiva abrió un debate sobre las prácticas docentes en la llamada “máxima casa de estudios”, además de la confiabilidad de sus reglamentos y métodos de control de faltas y fraudes a las normas del conocimiento universitario. En último término, la propia estructura de gobierno de la universidad se ha puesto en entredicho.
En muy poco tiempo se constituyó una corriente de opinión crítica con respecto de la UNAM, alimentada también gracias a un expediente discursivo que se encuentra latente en amplios sectores de la sociedad mexicana desde hace tiempo: las condiciones de privilegio de que gozan no pocos integrantes de su personal académico y, particularmente, quienes detentan su sistema de gobierno.
La ampliación de la onda crítica no podía evitarse, dado el debate abierto a propósito de la índole del sistema educativo universitario y el papel que frente a este ha adoptado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El rector de la UNAM, Enrique Graue, emitió un mensaje el 20 de enero como respuesta a la presión social que le exigía dar una respuesta definitiva al plagio y tomar cartas en el asunto relativo a la red de relaciones que lo hizo posible, según los datos aportados por la denuncia original.
Sorprendentemente, Graue se hizo rodear de un aparato grandilocuente para leer un mensaje breve que en última instancia no hizo sino ratificar la perspectiva del derecho reducido meramente a sus fases procedimentales y formales, de la que seguramente son partidarios sus consejeros. Una noción de la aplicación de la ley circunscrita estrechamente a la letra del código, sin tomar en cuenta las posibilidades interpretativas a que autoriza la vida social y las interacciones políticas de los ciudadanos. El contenido del mensaje, sin añadir nada al debate público, permitió al rector movilizar a decenas de funcionarios y académicos encargados de tareas administrativas que lo aplaudieron de pie durante largos segundos, hasta el estallido de la inevitable porra universitaria.
Graue y sus consejeros se equivocaron. En vez de optar por un comunicado institucional a la medida de su investidura, estos personajes exhibieron un cuerpo dócil de funcionarios escolares que dejó en claro, además de su posición defensiva en contra de las opiniones que les son desfavorables en la sociedad política y civil, una mentalidad corporativa: la del privilegio justificado por las tareas docentes, de investigación y de difusión del conocimiento universitario que, si por un lado han madurado a lo largo del tiempo gracias a un generoso financiamiento público, también han terminado por separar a su personal de la sociedad. Si esto no fuera un error suficiente, el mitin universitario colocó de lleno a la casa de estudios en un puesto claramente reconocible de la arena en la que se disputa el poder político.
La clave de la autonomía considerada como valor absoluto y esencial de esta mentalidad fue invocada ritualmente por el rector como patente del gremio. Un reclamo de excepcionalidad: la condición excepcional de que disfruta precisamente Guillermo Sheridan, un investigador que exige la gratitud y el reconocimiento de sus conciudadanos por haber logrado la dispensa de impartir clases, dirigir tesis y asistir a su centro de trabajo durante poco más de 20 años con el fin de escribir libros en contravención del Estatuto del Personal Académico, la supuesta ley en este espacio de autonomía. El rector concluyó su mensaje repitiendo un lema que en pocos años cumplirá un siglo y cuyas palabras (“raza” y “espíritu”) nada tienen que ver con nuestro tiempo. Un lema desprovisto de vínculos con una realidad en la que la enseñanza universitaria se inserte efectivamente.
La opinión pública formada luego de la denuncia del presunto plagio indica la enorme, insalvable distancia que separa muchas de las estructuras y procedimientos de la UNAM con respecto de una sociedad que demanda del sistema universitario el servicio que un grupo cerrado e impermeable ya no está en condiciones de ofrecerle.
