Una de las formas menos reconocidas en la que se expresa la corrupción es el patrimonialismo, que en algún momento puede alcanzar la figura de “derecho” adquirido y recogerse en algún precepto normativo.
A la corrupción la podemos entender como un conjunto de decisiones orientada por un interés personal o de grupo que rompe un proceso establecido para alcanzar el objetivo que se ha definido para la acción gubernamental correspondiente. Así, en un primer momento, la corrupción resulta evidente cuando se desvían recursos públicos a cuentas particulares, pero se va diluyendo su caracterización cuando adopta otras formas, e incluso se normaliza.
La crítica que actualmente se hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se basa en la presunción de que el objetivo de este poder, impartir justicia, se deja de atender por la corrupción de jueces, magistrados y ministros, quienes recibirían alguna compensación (soborno, pago) por las sentencias que han llegado a favorecer a personajes vinculados con el crimen organizado, empresarios y personas pertenecientes a familias con muchos recursos. Aunque esto último le parece a más de uno evidente, dado que no sabemos específicamente de transferencias, entrega de recursos o cualquier otra prerrogativa a favor de los integrantes de este poder público, no podríamos afirmarlo contundentemente.
Sin embargo, queda también a la vista otro conjunto de decisiones dentro de la Suprema Corte que ignoramos cómo contribuye a la impartición de justicia, como los salarios de las más de 2 mil 300 personas que dentro de ese poder ganan más que el presidente de México. La corrupción en el caso de los salarios es por demás evidente, aunque sea salvada mediante la dilatación de trámites administrativos dentro del mismo poder judicial.
Por otra parte, un conjunto de prestaciones y asignaciones de los recursos públicos al interior de la SCJN, que legalmente podrían no contravenir alguna disposición y que forman parte de los procesos administrativos normalizados al interior, claramente implica una cultura patrimonialista, pues en la práctica se asume que los recursos públicos son patrimonio de quienes los administran, por lo que aquí cualquier objetivo definido para la acción del Estado, en este caso la impartición de justicia, se ha corrompido por la búsqueda de preservar ese patrimonio.
Las cantidades no dejan lugar a dudas: recursos asignados hasta por 900 millones de pesos para traslados, mil 177 millones para vestuario, 50 millones de pesos para los festejos de los días de la madre y del padre. Como patrimonio, este se puede compartir y eventualmente heredar a la familia, por eso es hasta natural el nepotismo que priva en este poder, donde uno de cada dos de sus integrantes han contratado a un familiar; 455 jueces y magistrados contrataron esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados y suegros; mientras que 7 mil 148 “servidores públicos” del mismo poder compartían espacio laboral con algún familiar, sin obviar la pieza emblemática: hay un grupo familiar de 65 integrantes dentro de este poder, que con seguridad no será el único.
¿Patrimonialismo o no? ¿De qué otra manera podemos interpretar ese conjunto de prestaciones que tienen los integrantes de este poder? En un país con profundas desigualdades sociales, con los salarios y prestaciones de sus integrantes ¿cuál puede ser su sentido de justicia?
La reforma al poder judicial es necesaria, de principio deberá traducirse en una cercanía de sus integrantes con las personas de a pie, un ejercicio de rendición de cuentas de sus integrantes y un severo golpe a una parte del patrimonialismo imperante en ese poder (habría que revisar los “derechos” del sindicato). Pero ojalá también siente un precedente para dejar de normalizar esta cultura sedimentada en el conjunto de la administración pública. Por la relevancia de esta reforma, nos resultan evidentes la cultura y las prácticas patrimonialistas de este poder, pero para nuestra desgracia esto no acaba aquí: nos falta información y conocimiento sobre lo que sucede en los gobiernos de los estados, los municipios y las alcaldías, donde esa corrupción subrepticia, en algunos casos con carácter legal, carcome al servicio público y a las instituciones donde se encuentra.
