La controversia en torno a la extinción de los fideicomisos del poder judicial, valuados en 15 mil millones de pesos, ha adquirido una complejidad desconcertante. Sumidos en tecnicismos, temores infundados y premisas erróneas difundidas por el propio interpelado, el diálogo terminó siendo acertijo. Intentaré disipar la niebla.
Dos aspectos fundamentales marcan la base argumentativa de este debate. En primer lugar, el patrimonio de los fideicomisos se constituyó con recursos que debieron regresar a la Tesorería de la Federación. Esto, en cumplimiento con lo señalado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta norma es aplicable a toda la administración pública, incluido el poder judicial. Por mucho que la oficial mayor de la Suprema Corte quiera confundirnos con tecnicismos, la realidad es clara: los fondos fueron retenidos ilegalmente y han generado cuantiosos intereses a lo largo de los años. Fueran seis o media docena. En segundo lugar, es crucial abordar el destino de los recursos. Estos, en su mayoría, no se destinan a ninguna finalidad específica. Las erogaciones que realiza el poder judicial —rentas, infraestructura, tecnología, salarios y pensiones— se pagan con cargo al presupuesto asignado anualmente a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Falso es, por tanto, que su extinción tendrá un impacto negativo en el poder judicial.
En el contexto de estas premisas, miremos algunas de las consignas de lucha que el poder judicial y sus aliados han difundido. En lugar de ofrecer claridad, algunas de estas consignas han contribuido a la confusión pública, desviando la atención de los elementos cruciales en juego.
Decisión política. Se afirma que la extinción de los fideicomisos es una decisión política cuyo único objetivo es afectar la división de poderes y asfixiar al poder judicial, restándole independencia y autonomía. No es así. La extinción responde a dos propósitos: uno de naturaleza ética legal y otro de índole narrativa. En términos éticos y jurídicos, se busca la recuperación de fondos públicos que el poder judicial conservó ilegalmente. En el plano narrativo, se reconoce que —como uno de los tres pilares de la unión— este poder debe regirse no solo por los principios de independencia y autonomía que tanto le inflan el pecho, sino también por las lógicas y principios que rigen al resto de la administración pública. Esto implica que se conduzcan por criterios de eficiencia presupuestal, la justificación técnica de sus gastos y la rendición de cuentas. Además, el principio democrático de separación de poderes, que implica que el poder judicial tenga recursos suficientes para actuar de manera efectiva e independiente, difícilmente es aplicable a recursos que no son utilizados. Dejemos de pretender.
Es una obviedad decir que la extinción de los fideicomisos es una decisión política. Lo es, al igual que el resto de las decisiones vinculadas al ejercicio del poder y a la representación de intereses democráticos. El presidente y el poder legislativo se han embarcado en una cruzada política, pragmática y narrativa contra la actuación sin contrapesos del judicial.
Acceso a la justicia. La segunda consigna señala —con muchísimo alarmismo— que la extinción de los fideicomisos afectará la impartición de justicia en el país y que perjudicará a quienes “menos tienen”. Una nueva mentira. El poder judicial federal —siendo tremendamente importante, porque protege la división de poderes y los derechos humanos— no se encarga de la administración diaria de la justicia que nos afecta a la mayoría. Esa administración la lleva a cabo la autoridad estatal: la justicia local que encontramos en juzgados de primera instancia, defensorías locales, comisiones de derechos humanos y fiscalías locales. La extinción de estos fideicomisos no hará de este país uno más justo. Eso también es cierto. Preocupante y cierto.
Trabajadores. Otro de los escudos protectores que el interpelado activa en su defensa son sus trabajadores. Carne de cañón. La Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que sostiene con claridad que la extinción de los fideicomisos afectaría los derechos de sus trabajadores. En ese sentido, los ha invitado a manifestarse e incluso a enarbolar un paro de labores. Ríos de tinta han corrido para defender fondos de enfermedades graves y aportaciones menores que algunos trabajadores han hecho a esos fideicomisos: un despropósito por donde se vea. Primero porque los beneficios, prestaciones y salarios de sus trabajadores son pagados con los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Segundo, porque el propio dictamen de extinción de los fideicomisos prevé que, en todo caso que existan derechos adquiridos de trabajadores, laborales o de otra naturaleza, se respeten.
El final de esta historia permanece esquivo. El dictamen, de ser aprobado por la Cámara de Senadores, podría ser impugnado por los supuestos afectados, paradójicamente ante el poder judicial: serán jueces y parte. Aunque tal proceder está vedado por la ley, so pena de incurrir en delito de prevaricato, la necesidad de resolución será inminente; alguien tiene que resolver. Desde un inicio se advirtió la potencial impugnación, con fundamento en la aparente violación al proceso legislativo, argumentando que el asunto debió ser conocido por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, en lugar de su comisión de presupuesto y cuenta pública. Un sinsentido nuevo porque, como se ha mencionado antes, este asunto no toca un solo aspecto relacionado con la impartición de justicia en el país. Es meramente presupuestal.
Lo he expresado antes y lo reitero para quienes valoran los contrapesos institucionales: no podemos elogiar la función de contrapeso que el poder judicial desempeña frente al legislativo y ejecutivo y, al mismo tiempo, lamentarnos cuando este papel se invierte. Aunque el diseño del poder judicial busca, con acierto, preservar su independencia frente a presiones políticas y de los otros dos poderes, este aislamiento no debe traducirse en un ejercicio autónomo desprovisto de equilibrio, propagando información errónea y tomando decisiones de manera autárquica.
