En los meses y años recientes en América Latina hemos sido testigos de varios episodios de ofensivas de las derechas para descarrilar a los gobiernos progresistas de la segunda ola.
No son los únicos episodios, pero basta recordar algunos de los más representativos:
En noviembre de 2019, la acusación de supuesto fraude electoral en Bolivia condujo a la salida de Evo Morales de su país —para salvar su vida, hay que decirlo— en medio de una crisis política en que se involucraron las fuerzas armadas, la oligarquía más rancia y racista, y diversos sectores sociales descontentos con el régimen del dirigente aymara.
El 1 de septiembre de 2022 la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato cuando estaba saludando a simpatizantes a las afueras de su domicilio en Buenos Aires; el atentado falló porque el arma del agresor, seguidor de una agrupación política de derecha, se atoró y por fortuna ninguna de las balas se detonó.
Una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el 8 de enero de 2023, cientos de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, al más puro estilo de sus compinches trumpistas, irrumpieron en el Palacio de Planalto, en Brasilia, sede del poder ejecutivo de Brasil, causando destrozos y llamando al ejército a sumarse a su tentativa de golpe.
Mención especial merece lo que está aconteciendo ahora mismo en Perú, lo cual ha sido ofensivamente silenciado por los grandes medios de información y ha pasado sin ser condenado como tradicionalmente lo hacen los organismos “defensores” de los derechos humanos y las democracias. El profesor Pedro Castillo, presidente de esa nación desde julio de 2021, a pesar de haber llegado al poder con un amplio apoyo popular, especialmente de los sectores históricamente excluidos, como la población rural e indígena, fue encarcelado los primeros días de diciembre de 2022 después de una de las comunes crisis políticas de ese país, la cual sobrevino tras un empeño permanente de los grupos conservadores para hacer fracasar a su gobierno. Su lugar fue ocupado por la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha optado por una encarnizada represión de las protestas, por la que se cuentan al menos 49 muertos en poco más de 40 días de su gobierno.
No hay casualidad en el advenimiento de estos sucesos, cuyo propósito es violentar, descarrillar o frenar los gobiernos progresistas o de izquierda que detentan democráticamente el poder en varios países de la región latinoamericana. Detrás de cada uno de estos lances están los clanes más reaccionarios y, me atrevo a decirlo, fascistas de cada una de estas naciones, pero que no actúan en solitario. Es sabida la comunicación y la ayuda mutua que existe entre ellas tanto en nuestro continente como con las agrupaciones conservadoras en otros países, como España. ¿De qué son capaces estos grupos? La respuesta no por obvia se nos debe de olvidar. Cuando está en juego el control de tantos recursos económicos, tanto como las viejas formas de usar el poder político para que las oligarquías obtengan, conserven o recuperen sus prebendas; cuando lo que se avecina es la continuidad y profundización de gobiernos de izquierda, las derechas no se tocan el corazón, no respetan la legalidad y tampoco los derechos humanos, aunque paradójicamente mucho del discurso en el que se apoyan hipócritamente diga que sí. No sobra que pensemos que en México debemos estar muy atentos y también, como dice el dicho, pongamos nuestras barbas a remojar, especialmente en los preludios del proceso electoral del 2024.
