La marcha “a favor” del INE, organizada por la oposición, convocó a una buena cantidad de gente. La mayoría de los asistentes iban a defender al Instituto Nacional Electoral de las supuestas amenazas que representa el proyecto de reforma constitucional en materia electoral propuesta por el ejecutivo.
Estas supuestas amenazas reposan sobre una falacia principal: el hecho de que la reforma va a hacer desaparecer al INE. Esta es la versión más radical, pues quienes pregonan esta mentira afirman que se regresaría a los viejos tiempos del antiguo régimen priista en los cuales la Secretaría de Gobernación organizaba los comicios. Un atentado directo contra la democracia de nuestro país. Es una afirmación falsa, ya que en ningún momento se propone la desaparición del órgano electoral, únicamente se habla de un cambio de nombre. Es algo tan absurdo como decir que la reforma del año 2014 desapareció al IFE, cuando únicamente se trató de ciertas reestructuraciones y del cambio de sus siglas. Tampoco se cuestiona en la reforma la autonomía constitucional del INE, que sería una versión más moderada de la misma mentira.
Sin embargo, dentro de las críticas a la propuesta del ejecutivo, hay ciertos argumentos razonados y razonables que deben ser atendidos. No se trata de “tirar el agua sucia con todo y niño”, replicando las actitudes que demuestra la mayor parte de la oposición, sino de hacer la mejor reforma posible. Presentaré uno de ellos que puede ser nombrado el precio de la desconfianza.
Una comparación entre los órganos electorales de América Latina demuestra que el INE es, por lejos, la institución más costosa si se divide su presupuesto entre la cantidad de ciudadanos empadronados. Sin embargo, replican los defensores de dicha institución, la comparación es incompleta si no se contemplan las funciones que tienen los otros órganos electorales. El INE debe cubrir el financiamiento público a los partidos -asunto que es atendido en la reforma del presidente-.
También atiende la credencialización de la ciudadanía, una función costosa y rara en las demás instituciones, pues, en la mayor parte de los países el ejecutivo proporciona las cédulas de identidad a los habitantes, no exclusivamente a los ciudadanos. El hecho de tener una cédula de identidad otorgada por la secretaría de gobernación en lugar del órgano electoral podría ser ventajosa, no únicamente para aligerar las funciones del INE y, consecuentemente, su presupuesto; también permitiría a las personas menores de edad adquirir una identificación oficial con fotografía, algo que sigue siendo problemático en la actualidad.
Hay otro factor, el que nos atañe, que también infla considerablemente el presupuesto del INE: la desconfianza en los procesos electorales. En efecto, en México los comicios no se llevan a cabo como en muchos otros países democráticos. Hay un gran número de medidas preventivas que se toman en cada elección: desde las boletas, que son impresas en un papel especial para evitar su falsificación; hasta la capacitación específica de las personas que participarán como soporte el día de los comicios, pasando por la impresión de padrones con fotografía, urnas especiales, entre muchos otros recaudos.
Todas las medidas tienen un enorme costo considerando el tamaño de nuestro padrón, y representan un porcentaje considerable del costo que tienen las elecciones. Entonces, ¿reducir el presupuesto correspondiente podría reducir la calidad y confianza en los comicios? Podría uno preguntarse.
Hace falta recalcar que la desconfianza en las elecciones en nuestro país está completamente justificada por el contexto histórico y cultural en el que vivimos. No sería falso afirmar que han sido más los comicios amañados que los regulares, incluyendo a la historia reciente de nuestro país. Y es por ello que se encuentra una justificación para no escatimar en los gastos de seguridad electoral.
Pero quisiera recordar la cínica frase de un viejo mapache de provincia que dijo: “Ustedes hagan urnas transparentes, nosotros haremos votos invisibles”; en términos de la sabiduría popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y, en cierta forma dicho sujeto tenía razón: de nada sirve gastar centenas de millones de pesos en medidas para evitar los fraudes si éstos seguirán existiendo. Nada hemos avanzado realmente en cuanto a polémicas por los comicios en general -se han multiplicado- y acusaciones de fraude en particular. ¿No se tratará de un problema esencialmente estructural? ¿No hará falta atacar el problema desde otro lado?
Allí es donde la reforma del presidente, con ciertas limitaciones, ataca el problema desde otro ángulo. El INE y el IFE han sido cómplices, si no partícipes, en los comicios fraudulentos más resonados de nuestra historia reciente. La confianza en dicha institución viene cayendo en picada desde el comienzo del siglo XXI. Por ello una reestructuración radical es necesaria. Y una forma de regenerar la confianza perdida sería democratizar los puestos directivos del INE.
Este ha sido uno de los puntos más criticados dentro de la propuesta. Una elección de consejeros electorales a través del sufragio universal directo es algo nunca implementado. Podría representar varios inconvenientes por esto mismo. El proceso de selección de candidatos, la forma en la que harán las campañas, y muchas otras cuestiones potencialmente problemáticas deberán ser resueltas sobre la marcha. Sin embargo, la situación hace necesaria esta reestructuración. Y hay que recordar que los tiempos de transformación, son también los mejores tiempos para experimentos.
