El federalismo es una forma de gobierno que busca conciliar la diversidad con la unidad nacional. Como mínimo, en un sistema federal, los estados ceden al gobierno federal el control sobre la defensa frente al exterior y las relaciones exteriores. Los estados también renuncian al uso de la fuerza para resolver los conflictos entre ellos. Otra característica del federalismo es la división de poderes en dimensiones ejecutiva, legislativa y judicial, tanto a nivel federal como local.
Durante el siglo XX, el gobierno federal mexicano fue absorbiendo gradual e incrementalmente diversas facultades recaudatorias, como las del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). A cambio, la federación les regresaría una parte a las entidades federativas por medio de las participaciones y aportaciones a través de la coordinación fiscal. Los estados y municipios podrían disponer libremente de las primeras, mientras que las segundas tendrían destinos específicos, como el pago de nóminas de los profesores, personal de salud, construcción y rehabilitación de escuelas, infraestructura social, desayunos escolares, seguridad pública, entre otros.
Con las crisis de las décadas de 1980 y 1990, así como con la liberalización económica y la democratización, comenzó un proceso de descentralización en el que se les devolvió a las entidades federativas la implementación de diversas políticas públicas, como la educativa y de salud. Una ventaja de la descentralización es que los gobiernos locales, al estar más cercanos a su población, pueden conocer mejor sus necesidades y diseñar políticas públicas que las satisfagan. Sin embargo, una desventaja es que los gobiernos locales son más susceptibles de ser capturados por élites locales e incluso por el crimen organizado.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2020 los gobiernos estatales de México sólo recaudaron 3.92 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en otros países federales, como Australia, esta cifra es de 16.75 por ciento; en Estados Unidos, 14.46 por ciento, y en Alemania, 12.08 por ciento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 la entidad federativa que más recaudó impuestos como parte de sus ingresos fue la Ciudad de México, con 26.8 por ciento; seguida por Quintana Roo, con 11.2 por ciento; y Nuevo León, con 10.4 por ciento. Las entidades federativas que tienen el mayor porcentaje de participaciones federales como proporción de sus ingresos fueron Jalisco, con 47 por ciento; Querétaro, con 43.9 por ciento; y Tabasco, con 41.7 por ciento. En tanto, las entidades federativas que más dependieron de las aportaciones federales como proporción de sus ingresos fueron: Guerrero, con 65.6 por ciento; Oaxaca, con 64.2 por ciento; e Hidalgo, con un 60 por ciento.
Una eventual reforma fiscal implica, entre otras cosas, que las entidades federativas reduzcan su dependencia de las transferencias federales y ejerzan las facultades impositivas que tienen, al cobrar impuestos como el predial y la tenencia —dos de los pocos impuestos que gravan la riqueza—; sobre hospedaje, particularmente en entidades con una vocación turística; por explotación de minas, entre otros.
