El gobierno actual se ha caracterizado por tener un discurso en el que se autoidentifica como posneoliberal; sin embargo, en lo que toca a sus políticas de seguridad no ha sido así. De manera incongruente, el presidente Andrés Manuel López Obrador critica los programas de gobierno neoliberales; no obstante, se puede apreciar una línea de continuidad neoliberal en su política penal, por ejemplo, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa (PPO). Al respecto, manifestó su oposición a que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaran el proyecto de su par, Luis María Aguilar Morales, en el que se proponía declarar inconvencional esta figura jurídica. El argumento del gobierno de la 4T fue expresado en la voz del secretario de Gobernación, quien manifestó que acabar con la PPO pondría fin a la estrategia de seguridad, con lo que mostró que la política de seguridad se basa en el uso de la cárcel antes que en la investigación, regresándonos a la época penal inquisitorial y a todo lo que ello implica.
El tema de la militarización del país, con la reciente aprobación de la iniciativa de reforma a diversas leyes en torno a la Guardia Nacional y la seguridad pública presentada por el partido del gobierno, evidencia también la concatenación de la ideología penal neoliberal y los complejos industriales militar y carcelario que, de acuerdo con Angela Davis, se relacionan con la expansión de la industria punitiva, pues se fortalece y perpetúa una economía internacional relacionada con la existencia y el aumento de cárceles, armas, aparatos y servicios de vigilancia y control securitarista de las poblaciones, contribuyendo al enriquecimiento de las sociedades modernas, pues se trata del vínculo corporativo que atrae grandes sumas de capital alrededor de la seguridad, lo militar y lo carcelario y, al mismo tiempo, permite el desmantelamiento, el estancamiento o la reducción del proyecto de un Estado social al que dice AMLO aspirar, pues la industria carcelaria y militar fagocita fondos públicos1 que podrían utilizarse para programas sociales.
Las potenciales violaciones de derechos humanos y el especial riesgo de aumento de la violencia tanto institucional como sexual en contra las mujeres, que involucra la existencia de la PPO y la militarización del país ya han sido abordadas en profundidad,2 lo que quiero poner de relieve es la idea general que el presidente tiene sobre la política de seguridad que rige su gobierno, la cual contrasta con su discurso pretendidamente posneoliberal, tal como sucedió con algunos gobiernos de izquierda en América Latina, de acuerdo con el análisis del criminólogo Máximo Sozzo, quien demostró que las políticas penales y de seguridad de corte neoliberal no sólo se habilitaban en administraciones neoliberales como una estrategia de gobierno de la inseguridad social, sino también en gobiernos de partidos con programas de izquierda.
El argumento repetido por AMLO para deslegitimar facilonamente las críticas a sus políticas de seguridad es que quienes no están de acuerdo son sólo las y los opositores a su proyecto de nación y a la ideología de perspectiva social o pretendidamente posneoliberal que abandera su proyecto. Evidentemente, el oportunismo de derechas existe y aprovecha las críticas legítimas y serias tanto de quienes se identifican con muchas de las acciones y políticas del actual gobierno, como de quienes son abiertamente lopezobradoristas, y de quienes no se identifican con ninguna de las acciones o políticas de la 4T, pero que tampoco son simpatizantes de los “opositores” Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) o de las derechas. Muchas feministas se encuentran en esta última posición.
Si AMLO pretende ser un gobernante distinto, demócrata y atento a la voz de su pueblo, debe dejar de menospreciar muchos de los cuestionamientos que se le han hecho en estos y otros temas. La escucha y el respeto de la crítica son necesarios para que un gobierno sea reflexivo y tenga capacidad de autocrítica, lo cual podría evitarle caer en autoritarismos.
Por otra parte, las feministas debemos estar atentas a los continuos intentos de instrumentalización de nuestros discursos con fines ajenos a la lucha por la transformación social y hacia la extinción de las diversas desigualdades sociales que implican la clase, la raza y el género, las cuales se perpetúan con los complejos industriales militar y carcelario.
Notas
1. Al respecto, consúltese el informe de Leonardo Núñez González y Jorge Andrés Castañeda, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2021/09/los-militares-y-la-guardia-nacional.pdf?utm_source=site&utm_medium=button&utm_campaign=mcci
2. De acuerdo con la investigación de Intersecta, existen más mujeres en prisión preventiva oficiosa que hombres. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/mujeres-inocentes.html.
Además, el uso de la violencia sexual contra las mujeres como forma generalizada de castigo por militares y fuerzas de seguridad queda de manifiesto en las famosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. Véase: Valentina Rosendo Cantú vs México; Inés Fernández vs México; Mariana Selvas y otras vs México.
