Uno de los desafíos más complejos para países receptores de personas en situación de movilidad, como México, es lograr su integración socioeconómica en las comunidades de acogida. La frontera norte de nuestro país presenta una oportunidad única para promover la integración de personas en movilidad, hecho que años atrás era impensable imaginar.
La frontera norte de México tiene hoy características únicas para generar mecanismos de integración que deben aprovecharse, como la escasez de capital humano en el sector industrial, la deslocalización de actividades económicas conocida como nearshoring, mecanismos de cooperación en materia migratoria entre México y Estados Unidos, y una coordinación estrecha entre autoridades de ambos países.
Otro elemento que ha modificado la realidad en los flujos migratorios es el incremento de llegadas de mujeres migrantes cabezas de familia provenientes del extranjero (un aumento de alrededor del 500 por ciento en los últimos tres años) o mujeres desplazadas internas que llegan a puntos fronterizos en el norte del país (más del 70 por ciento de las personas desplazadas en México son mujeres).
Esta es, sin duda, la realidad más cruda de los flujos migratorios, debido a que el grupo de movilidad representado por niñas, adolescentes y mujeres adultas es el de mayor vulnerabilidad. El Estado mexicano debe apuntalar medidas de integración socioeconómicas y, por supuesto, de protección a su favor. Un ejercicio que puede garantizar tanto su integración como su protección es la circularidad migratoria, es decir, un mecanismo que facilite la movilidad laboral dentro de un polígono geográfico acotado entres ciudades fronterizas de México y Estados Unidos.
Este mecanismo circular, el cual puede tener un impacto más inmediato en regiones fronterizas de tamaño medio como Nogales-Nogales, Nuevo Laredo-Laredo y Piedras Negras-Eagle Pass, abonaría al desarrollo económico local y regional, empoderando a la mujer en movilidad y, por tanto, dignificando su posición como agente de desarrollo. Esto teniendo como sustento inicial programas de gobierno en materia de vivienda, salud, educación y empleo, los cuales, dicho sea de paso, ya existen, pero no se encuentran hoy por hoy focalizados hacia este grupo en situación de vulnerabilidad.
En México y en otras partes del mundo, como Kenia o Níger, ya existen programas que apuntan a la integración y empoderamiento efectivos de personas en movilidad. En el caso mexicano, los programas impulsados por las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y del Bienestar, a través de los Centros Integradores para Migrantes, así como por la Agencia de las Naciones Unidas para las y los Refugiados (ACNUR) mediante el de integración local, representan un cambio hacia un paradigma que se centra y concentra en brindar herramientas que permitan a personas en movilidad fungir como verdaderas agentes de desarrollo, ya sean refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes. Resulta ahora muy oportuno promover un esquema enfocado en las mujeres en movilidad y que incluya, por supuesto, a mujeres desplazadas internas tanto de otras partes del mundo como de México.
Abrir esta circularidad migratoria nutriría varios factores en ambos lados de la frontera. Primero, abonaría a resarcir la escasez de capital humano para ocupar vacantes de empleo; segundo, brindaría protección adicional a mujeres desplazadas de conformidad con los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas; tercero, restaría fuerza a la narrativa antiinmigrante a raíz del impacto que tendría la inclusión de mujeres con base en parámetros de medición específicos; y cuarto, quizás lo más importante, brindaría certidumbre socioeconómica y de seguridad humana al grupo en movilidad más vulnerable.
México, como Estado parte de los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, ha reconocido en diversos instrumentos su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Tal obligación debe incluir, como punto de partida, la integración de las personas en movilidad, y como aspiración a las mujeres bajo esta situación, partiendo de un hecho ineludible: el progreso económico de México está abriendo la posibilidad a miles de personas de vivir en condiciones de mayor desarrollo que en sus lugares de origen, particularmente en la frontera norte de nuestro país.
