Javier Milei lleva dos meses como presidente de Argentina, pero se siente como si fueran años. Las medidas económicas y políticas que impuso desde el 10 de diciembre han tenido efectos negativos inmediatos sobre la vida cotidiana de la gente. Como señalé en mi columna anterior, el paquete de reformas estructurales que propone el nuevo gobierno lejos está de ofrecer alivio a la pesada crisis económica que vive el país desde hace varios años. La decisión de incorporar a Luis Caputo al mando del Ministerio de Economía develó el verdadero poder que está detrás de la investidura presidencial: el capital financiero transnacional y los intereses de empresarios y políticos argentinos coludidos con ellos. Cabe recordar que Caputo fue el responsable de incrementar la deuda externa argentina durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en más de 96.000 millones de dólares, utilizada para su lucro personal.
Para sostener y concretar un proyecto de empobrecimiento tan profundo, el gobierno de Milei utiliza dos recursos tradicionales de la derecha mundial: el despliegue exagerado de las fuerzas de seguridad en el espacio público y la ausencia de un diálogo abierto con el pueblo y sus representantes.
Desde la aprobación del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno se dispuso a violentar el derecho del pueblo argentino a la protesta. Pero ese era sólo el comienzo. Además de perseguir y controlar a los sectores populares y jubilados con balas de goma, gas pimienta y performances amenazantes, la policía federal trabajó de forma conjunta con la Gendarmería y bajo la anuencia de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para detener de forma arbitraria y reprimir a periodistas, fotógrafos y reporteros gráficos que estaban registrando las protestas en contra de la ley ómnibus en la plaza del Congreso. Más de veinte trabajadores de los medios de comunicación sufrieron graves heridas por la violencia policial planificada para silenciarlos.
Además, el mismo presidente y sus funcionarios han adoptado posiciones reactivas frente al descontento popular. Por ejemplo, el vocero presidencial responde siempre con evasivas y delegando la búsqueda de información a otras áreas del Estado, cuando no repite frases armadas construidas durante la campaña electoral (ya caduca). Para ilustrar este escenario grotesco alcanza con observar las respuestas burlonas que arrojó cuando le preguntaron por los derechos laborales que perdería la gente debido a tales medidas y por el evidente desinterés que el gobierno demuestra en garantizar la libertad de expresión.
Ante ese escenario, las únicas conferencias de prensa que se han dado hasta ahora tienen a Caputo como voz principal, amenazando a los gobernadores, diputados y senadores con recortar el financiamiento de las provincias si no se apoya en el Congreso el proyecto de ley mencionado. Milei, en cambio, se muestra activo en sus redes sociales, compartiendo imágenes de leones creados con programas de inteligencia artificial y retuiteando contenido de sus seguidores.
A estas alturas, el gobierno de Milei que prometió libertades y un proyecto de país sin “la casta política” es un fraude total. El costo de esta farsa lo está pagando el pueblo, quien será, también, el que se lo demande.
