Durante los últimos meses, especialmente a raíz de las elecciones realizadas en diversos estados de la República durante 2021 y 2022, se ha puesto en evidencia una actitud tendenciosa por parte de prácticamente todas las autoridades electorales, en una trama de desvergüenza y parcialidad que va desde los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y atraviesa de forma estructural al Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE), y se extiende hasta llegar a dos órganos resolutores en la materia: la Sala Regional Especializada del Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A fin de ejemplificar la forma en la que hoy en día se puede perder en la mesa de estos órganos lo ganado en la elección, es preciso evocar a la memoria de las lectoras y lectores, lo ocurrido en las elecciones presidenciales del año 2006, proceso en el que —por una mínima diferencia— se definió en las mesa la victoria de Felipe Calderón Hinojosa por encima de Andrés Manuel López Obrador, pese a las reiteradas evidencias que hasta el día de hoy mantienen la incertidumbre sobre los resultados reales que habrían ahorrado al país uno de los gobiernos más trágicos y violentos de la historia.
Dicho fenómeno contrasta profundamente con el proceso electoral del año 2018, elecciones organizadas y llevadas a cabo por el mismo Instituto en el que aún no había confianza, pero cuyos resultados no pudieron alterarse en una mesa ante la tumultuosa cantidad de votos emitidos a favor del actual presidente de México.
Hoy pareciera que la estrategia de la oposición, acompañada mayoritariamente por los órganos cuyos integrantes fueron nombrados por ella, es combatir los avances de la cuarta transformación en las mesas, pero ahora hasta que las mujeres y hombres electos mayoritariamente se encuentran en el poder, a fin de sancionarlos de forma desmedida e impedir que participen en la vida pública del país.
A raíz de las últimas elecciones se han emitido sanciones contra Citlalli Hernández Mora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el resto de gobernadoras y gobernadores de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) en funciones, aumentando la escalada contra servidoras públicas con inviolabilidad parlamentaria, como la senadora Antares Vázquez Alatorre, sancionada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral por no haber dicho «muñequitas y muñequitos de sololoy» en un expediente plagado de irregularidades que atenta contra las posibilidades de ganar la gubernatura en Guanajuato para el partido Morena.
En contraste, ni una sola autoridad electoral ha sancionado a los partidos de oposición por colocar publicidad tendiente a orientar el sentido del voto de la ciudadanía; tampoco ha señalado que Lilly Téllez comete violencia política contra las mujeres en razón de género por hacer burla del físico de las dirigentes nacionales de nuestro partido; y desecha cuanta queja es interpuesta por parte de Morena al considerarlas infundadas o incluso frívolas.
Ante estas condiciones es evidente que la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador es profundamente necesaria, puesto que reformar el sistema electoral actual protegería a la incipiente democracia de nuestro país de las propias autoridades electorales que hoy lo integran, quienes han decidido que es mejor cercenar las oportunidades de las y los mejores cuadros del partido antes de que puedan participar en otra elección.
