América Latina es un territorio atravesado por múltiples violencias. Algunas experiencias de represión estatal vienen del pasado y otras responden a situaciones contemporáneas. Todas ellas son objeto de atención por parte de académicos, investigadoras, activistas, periodistas, entre otros profesionales. Muchos de ellos producen conocimiento sobre las formas que adopta esa violencia y sus preguntas nacen de su propia experiencia: fueron víctimas o testigos de la represión estatal, hijos o familiares de personas violentadas, o bien heredaron una memoria generacional dolorosa sobre su familia o comunidad.
La producción de un saber científico sobre las violencias de Estado se fortalece con la intervención de estas personas. Lejos de las torres de marfil, se trata de un conocimiento situado que nace de la vivencia propia o del sensible y respetuoso acercamiento de quienes investigan. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas mismas voces son descalificadas por su falta de “objetividad” o de distanciamiento con el “objeto de estudio”.
Todos los académicos e investigadores tienen una subjetividad política, es decir, un posicionamiento personal ante las violencias del Estado y sus efectos de ayer y hoy. No hay forma de escapar a los problemas públicos de nuestras sociedades contemporáneas.
Como anticipé en la columna anterior, en la década de 1980 una generación de víctimas, testigos, familiares y profesionales de las ciencias humanas y sociales se fueron comprometiendo cada vez más en su trabajo de interpretación de la violencia vivida en el pasado. Gracias a ello, pudieron disputar en el terreno público un discurso legitimado a sangre y fuego por las dictaduras y gobiernos autoritarios: que la violencia estatal es un mal necesario para combatir el desorden social, la “subversión” o insurgencia, y que las fuerzas de seguridad actúan en defensa de lo que consideran el interés supremo de la nación.
En las últimas décadas, el esfuerzo por develar estos discursos traspasó las fronteras del campo universitario o académico hacia otros ámbitos. En Argentina y Uruguay, por ejemplo, profesoras y académicas fueron convocadas como testigos de contexto en el desarrollo de los juicios contra militares y civiles por delitos de lesa humanidad. En Brasil, Guatemala y Colombia, otros profesionales integraron comisiones de la verdad para esclarecer cómo se cometieron las violaciones a los derechos humanos contra los sectores políticos opositores y la población civil. En México actualmente se desarrolla un trabajo desafiante en la Comisión para el Acceso a la Verdad.
En definitiva, existe una importante circulación de saberes entre espacios sociales que, creemos, están divididos: la academia, la sociedad civil y el campo político. Por ello, la presencia de estos actores es muy importante. Por un lado, porque conectan en los hechos aquella división ficticia y demuestran que la “neutralidad” es para los nostálgicos. Por otro lado, porque iluminan los hilos de violencia que el Estado y los grupos de poder ocultan con éxito gracias al blindaje mediático que los protege. Para desarmar las mentiras oficiales se necesitan un esfuerzo social ampliado y un ejercicio de escucha que se fijen menos en los estándares científicos y más en las posibilidades de un cambio social.
