En un cuestionado ejercicio público de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó a la luz información que retrata de cuerpo entero al arma secreta de la oposición: la empresaria Bertha Xóchitl Gálvez. En tanto la oposición se esfuerza en atacar al mensajero con bombas de humo, vale la pena adentrarnos en el contenido del mensaje.
La información es clara, la empresaria “marxista-trotskista” ha sido beneficiaria de millonarios contratos gubernamentales a través de entidades en las cuales participan ella y su familia. Dos ejemplos son Instalaciones High Tech Services, S.A. de C.V. y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C.V. Estos contratos comenzaron casualmente durante el gobierno de Vicente Fox —aquel presidente que la descubrió a través de un supuesto cazatalentos— y han perdurado hasta la actual administración. Sus clientes gubernamentales incluyen al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Salud, la Comisión para la Mejora Continua de la Educación e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el organismo por el cual se encadenó a la silla de la mesa directiva del Senado. Y nosotros que pensábamos que los senadores representaban a las entidades federativas. Xóchitl se representaba a sí misma o, en todo caso, a su patrón: el Inai.
A pesar de estos hechos, todos constatables, la senadora ha logrado mantenerse a flote gracias a la ceguera moral de sus seguidores y a su estilo folclórico. Su estrategia está fundada en afirmaciones simplonas y meritorias, como la de resaltar que las personas que trabajan y prestan servicios firman contratos, o que sus empresas son “tan chingonas” que incluso el actual gobierno las ha contratado: Vicente Fox reencarnado. Cada comunicado de la —todavía— senadora normaliza aquello que deberíamos tomar con suspicacia y recelo: el hecho de que las empresas de quien fuera directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con Vicente Fox, jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de 2015 a 2018 y senadora desde aquel año, se han beneficiado —en proporciones millonarias— de contrataciones con entidades públicas.
Que no nos haga bobos. No es lo mismo vender gelatinas que servicios millonarios al gobierno del que uno forma parte. En este caso, al menos tres disposiciones legales relevantes entran en juego. Primero, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que regula los conflictos de interés y exige que los servidores públicos declaren sus intereses financieros. Xóchitl Gálvez declaró sus millonarias empresas cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, pero después dejó de hacerlo.
Segundo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prohíbe que dependencias y entidades adjudiquen contratos a sociedades en las que participen servidores públicos sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Y tercero, la Ley Federal de Austeridad Republicana, que se refiere expresamente a la obligación de los servidores públicos de separar sus intereses y de no usar personalidades jurídicas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones y perjudicar los intereses públicos.
Al día de hoy, Xóchitl Gálvez no ha salido a evidenciar el cumplimiento de ninguna de las disposiciones mencionadas.
La empresaria blanquiazul puede seguir escondiéndose detrás de su discurso meritorio, sus botargas y su peculiar estilo. Puede balar como una dulce oveja, si así lo prefiere. Lo que no podrá ocultar es su verdadera naturaleza. Bertha Xóchitl Gálvez pertenece a las élites empresariales. No en vano fue declarada en 1994 —en pleno apogeo de las políticas neoliberales— empresaria del año. Los indicios con los que contamos hasta ahora, inquietantemente, sugieren que esta empresaria del año 94 representa bien aquellos tiempos y sus principios rectores.
