De acuerdo con el último censo, en México 23.2 millones de personas mayores de tres años se identifican a sí mismas como indígenas. Sin embargo, sólo 7.4 millones hablan alguna de las 68 lenguas indígenas reconocidas en el país, es decir, menos de una tercera parte de quienes se identifican así. De las personas que hablan alguna lengua indígena, uno de cada 10 era monolingüe. Las entidades federativas que concentran la mitad de personas que hablan alguna lengua indígena, de mayor a menor son: Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Por su parte, las lenguas más habladas son el náhuatl, maya y tzeltal.
El promedio de escolaridad de las personas mayores de 15 años que hablan alguna lengua indígena fue de 6.2 años, equivalentes a solo la primaria terminada, mientras que para el resto de la población fue de 10, lo cual equivale a la secundaria terminada y un año de educación media superior. Dicho de otra forma, la brecha educativa entre la población que habla una lengua indígena y la que no es de más de un nivel educativo. Las razones son varias, como que la educación primaria se imparte en su idioma natal y, cuando pasan a la secundaria, se da en otro idioma y muy probablemente en telesecundarias debido a las condiciones de aislamiento en que se encuentran, y a la dificultad de contar con profesores especialistas en las materias que, además, hablen su lengua y su variación regional.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el primer trimestre de este 2023, mientras sólo 10.2 por ciento de la población ocupada en municipios no indígenas tuvo un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria (pobreza laboral), en los municipios indígenas este porcentaje fue cuatro veces mayor. El ingreso laboral promedio de la población ocupada en los municipios indígenas fue de 3,439.50 pesos, mientras que en los municipios no indígenas fue del doble: 7,094.71 pesos. Según este mismo órgano, en 2020 una cuarta parte de los hogares indígenas presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que para los hogares no indígenas el porcentaje fue tres veces menor. Seis de cada 10 hogares indígenas tuvieron carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda, cuando esta cifra fue cuatro veces inferior para hogares no indígenas. Ocho de cada 10 hogares indígenas no tuvieron acceso a la seguridad social, mientras que la mitad de los hogares no indígenas padecen esta carencia.
Aunque algunas pocas personas pueden superar las trampas de pobreza en las que desgraciadamente vive la amplia mayoría de la población que habla alguna lengua indígena en México desde hace cientos de años, lo cierto es que la movilidad ascendente para esta población es más un milagro que una regla. Ya no se diga volverse un proveedor del gobierno con ingresos millonarios. Hay quien no ha entendido que la precarización, marginación y discriminación que sufren los pueblos originarios se trata de un fenómeno estructural que requiere de acciones afirmativas, no de cuentos dignos de La rosa de Guadalupe y de los productos milagro que se anuncian en sus pausas comerciales.
