En el frenesí de las campañas electorales, los temas de salud emergen en un campo de batalla y a menudo envueltos entre retórica política y mentiras, más que sustentados en la solidez de la ciencia.
En estos tiempos, es crucial que las políticas públicas en salud se basen en el conocimiento científico y no en verdades a medias.
Diversos medios de comunicación publican y analizan temas relacionados con la salud de los mexicanos. Revisemos algunas declaraciones de la coalición Fuerza y Corazón por México para discernir entre la infodemia y la realidad científica.
Aseguran, por ejemplo, que el Seguro Popular sí atendía de manera adecuada a los pacientes y que cuando desapareció simplemente dejaron de tener servicio médico, con lo que argumentan la necesidad de su restauración.
Sin embargo, una revisión sistemática (mediante el análisis de 73 publicaciones científicas) a cargo de la doctora Arantxa Colchero, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), identificó que sólo el 21 por ciento de los beneficiarios del Seguro Popular reportaron mejoras en sus tratamientos.
Otras publicaciones científicas asocian al Seguro Popular con un incremento en la desigualdad social, mientras que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó una mayor confianza de la población hacia el programa IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hacia el Seguro Popular, del 58 frente al 47 por ciento.
Promover su restauración sin revisar sus deficiencias desde la base científica resulta poco objetivo.
Otra afirmación que hace la coalición opositora es que el manejo de la pandemia de coronavirus fue criminal, con una mortalidad excesiva, pues perdieron la vida 800 mil mexicanos.
La demasía en mortalidad fue un fenómeno global, no exclusivo de México, y así lo concluyen las investigaciones científicas de revistas reconocidas, como Nature o Lancet. Investigaciones del INSP y del Imperial College of London destacan que condiciones preexistentes, como el sobrepeso y la obesidad, exacerbaron las tasas de mortalidad, siendo las causantes de cuatro de cada 10 muertes por COVID-19 en México. Las condiciones basales de salud de la población, pues, tuvieron un papel importante en el exceso de mortalidad.
También afirman que hay un desabasto generalizado de medicinas, mientras que, por su ineficacia, el gobierno ha dejado sin respaldo en fármacos a los niños con cáncer.
Al terminar con los grupos oligopólicos que tenían acaparada la distribución de los medicamentos, el gobierno tuvo que enfrentar resistencias de grupos de poder económico.
Lancet reconoce que muchos países están experimentando escasez de medicamentos, lo que afecta la calidad de la atención. Y agrega que estamos en un periodo internacional marcado por ese problema.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su evaluación del 2023, concluye que hubo un impacto importante en el ámbito de los fármacos de varias enfermedades, incluido el cáncer, desde la fabricación, adquisición e importación hasta la entrega. El gobierno puede tener responsabilidad en la planeación de sus compras, pero no puede atribuírsele por completo el desabasto de medicinas.
Como sociedad, nos encontramos en un punto crítico, con decisiones que tendrán repercusiones duraderas en la salud y el bienestar de generaciones. Existen dos candidatas: una con solidez científica, la doctora Claudia Sheinbaum, y otra con aprendizajes empresariales. Con información veraz, no infodemia, nos toca decidir el futuro de la salud en México.
