Bombas de datos saltaron a la vista en la última encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los niveles de confianza hacia distintas instituciones: a diferencia de la mayor parte de los países que la integran, México, junto con Luxemburgo y Suecia, se encuentra entre aquellos en los que los jóvenes más confían en su gobierno. De manera concreta, el 60 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años lo hace; por encima, aunque tampoco tan lejos, del porcentaje que muestran las siguientes franjas de edad, igualmente arriba del 50 por ciento.
También salta que, siendo la tendencia general una menor confianza de las mujeres que de los hombres hacia su gobierno, el caso de México destaca igualmente por registrar invertida esa tendencia, junto con países como Noruega y Finlandia: un 55 por ciento de mujeres confía en el gobierno, ante un 53 por ciento de hombres que lo hace.
No existen datos de México en los que se relacione el nivel de ingreso con la confianza, sin embargo sí los hay respecto a sectores con mayor o menor nivel educativo: de nuevo, en sentido contrario a la mayoría de países estudiados, en México es la población con niveles educativos bajos y medios la que más confía en su gobierno: casi 60 por ciento respecto a una confianza del 51 por ciento entre la población con mayores niveles educativos.
Hay, desde luego, diversas formas de interpretar estos resultados. Como dato, la propia OCDE asocia los niveles de confianza con percepción de la seguridad económica, oportunidades, respuesta a demandas y, por otro lado, percepción de posibilidades de participación en espacios políticos.
Una primera lectura es el hecho de que esta confianza refleja la atención prioritaria que el gobierno ha dado a estos sectores a través de sus programas sociales y políticas específicas dirigidas a ellos: educación, becas, capacitación y un amplio programa de generación de empleo podrían estar aterrizando en el hecho de que, con todo y pandemia y su impacto económico, existen buenos horizontes desde la percepción de estos sectores.
Hay otro asunto también: más allá de programas o políticas dirigidas como tiros de precisión, podría estar resonando el hecho de que estas se encuentran enmarcadas en un proyecto cuyo eje es el reconocimiento de derechos que antes estaban restringidos a quien podía pagarlos, bajo la muy bien vendida idea de que había que echarle ganas para ganarse un rinconcito en un hospital o un salón de clases, por poner ejemplos. El reconocimiento de estos derechos ha tenido expresiones a través del gasto social, cuyos resultados han sido evidentes, como la vacunación universal contra el covid-19. El avance en la agenda de derechos también ha beneficiado adicionalmente a la mujer de manera específica y dos temas son los más palpables: la capacidad de decisión reproductiva (a pesar de algunos congresos locales panistas aún en resistencia) y, por otro lado, la participación política de la mujer como no se había visto antes. Todo esto podría estar siendo considerado en la confianza de este grupo social, tan dispar al resto de países de la OCDE y a pesar de la noción mediática de que el presidente “no es feminista”.
Finalmente, y más allá de la confianza medida como evaluación utilitaria del gobierno, este resultado podría ser la semilla de un cambio de mentalidad. La apropiación de derechos también tiene como resultado la asimilación de lo que hay detrás de estos, en contraposición a una línea de pensamiento vigente en algunos sectores que pretende que el único derecho sea la habilidad de imaginar y desear una vida mejor. Quizá el echaleganismo esté empezando a perder terreno, a pesar de lo abrumadoramente ruidoso que es en la prensa nacional. Quizá.
