El 12 de enero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe de sus primeros 100 días de gobierno. Si bien es muy poco tiempo para hacer un balance, se trata de un ejercicio importante porque nos permite seguir de cerca el pulso de la dirección federal y la actitud que está teniendo la presidenta después de su toma de posesión. Hay muchos temas relevantes para reflexionar y discutir, yo me voy a centrar en el programa para mujeres mayores de 60 a 64 años, denominado Pensión Mujeres Bienestar.
La mandataria dijo que el objetivo de esta pensión es contribuir al reconocimiento de los trabajos del hogar y cuidado, que realizan principalmente las mujeres. Mencionó que, como hay mujer presidenta, en su gobierno se va a reconocer el trabajo no pagado (la doble jornada) que llevan a cabo las mujeres en sus hogares. Fue muy emotivo escuchar a Sheinbaum con esa determinación y sensibilidad, enfatizando lo injusto que es que no se reconozca el trabajo que desempeñamos las mujeres en el cuidado de niñas, niños, juventudes tempranas y, con frecuencia, personas adultas mayores, ya sea en trabajos de organización y coordinación del hogar, como en el cuidado directo de personas que en la familia lo necesitan, así como la limpieza y el mantenimiento del hogar. Sin duda, reconocer esta situación de desigualdad e injusticia histórica a la labor feminizada de cuidados lanza un mensaje reivindicatorio sobre el derecho de las mujeres a que esta actividad, a menudo menospreciada, no reconocida e ignorada, o dada por supuesta, sea dignificada, considerada y retribuida.
Aunque usualmente no se considera este tipo de programas como acciones que previenen la violencia de género contra las mujeres y, como he dicho en otras ocasiones, se tiende a privilegiar acciones de seguridad —entendida como la necesidad en el fortalecimiento de las atribuciones, capacidades y aumento de presupuesto a las fuerzas policiales, de vigilancia y represión del delito—, estos programas son en sí mismos de prevención de la violencia desde un abordaje social.
No obstante, incluso pese a lo benéfico del programa, hace falta tomar acciones de reconocimiento del trabajo de cuidado y de la doble jornada que realizamos las mujeres con consecuencias o resultados inmediatos. Por ejemplo, más allá del programa Pensión Mujeres Bienestar, que tiene efectos más reparativos —es decir, de compensación de lo que no se reconoció en tiempos pasados—, me preocupa en específico que las mujeres que se divorcian estén enfrentando sentencias que no reconocen las labores de cuidado y doble jornada, y en las cuales se resuelve condenar al hombre-padre a pagar pensiones alimenticias verdaderamente ofensivas y, por tanto, injustas. Tales sentencias reflejan la realidad en la que se sigue pensando la igualdad, esto es, de manera ciega a las condiciones materiales y al ejercicio real de maternidad que implica el doble del trabajo y tiempo del que invierten los hombres-padres. Este tipo de sentencias son pronunciadas por tribunales locales, muchos de los cuales, gracias al impulso del movimiento de mujeres y activistas, han sido capacitados en materia de perspectiva de género; sin embargo, parece costarles bastante considerar el trabajo de cuidado y la doble jornada al momento de fijar una pensión alimenticia en la que sólo se computan los gastos que implica la guarda y custodia, tales como alimentación, calzado, gastos escolares, gastos médicos, etcétera. Los porcentajes de pensión alimenticia por hija o hijo que tienden a fijar juezas y jueces rondan entre el 10 y el 15 por ciento de los ingresos del deudor alimentista, lo cual es a todas luces insuficiente. Ante esta problemática, necesitamos de una política pública que complemente el programa Pensión Mujeres Bienestar y que reconozca el trabajo del hogar y de cuidado con acciones contundentes de efectos o consecuencias inmediatas.
Si aun con las capacitaciones que por décadas hemos dado las abogadas feministas a juezas y jueces en la materia, continúa la tendencia de fijar pensiones alimenticias pírricas —por no decir groseras— tanto para las hijas e hijos como para la madre, ¿qué será de las sentencias que emitirán las nuevas juezas y jueces electos que no cuentan con capacitación ni experiencia en sentencias en materia familiar con perspectiva de género?
El gobierno de nuestra presidenta tiene que impulsar una política pública que vaya de la mano con el mensaje potente que lanzó en su informe y que va de acuerdo con la reforma constitucional que presentó en materia de igualdad sustantiva: “no nos quedamos sólo en la letra de la constitución”, “hay presidenta con a; por primera vez, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas”.
