El 10 de diciembre de 2023 el señor Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. Lo hizo en parte gracias a la crisis económica acuciante, que el peronismo no supo resolver a tiempo. El líder del partido La Libertad Avanza ganó radicalizando su discurso libertario, ofreciendo cortar de raíz a todo el peronismo y al kirchnerismo, y proponiendo la destrucción de los privilegios de lo que llamó “la casta” encriptada en el Estado. En su victoria fue central la participación de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, figuras de la tercera fuerza política que habían quedado afuera del balotaje y que, en alianza con Milei, ganaron las elecciones imponiendo viejos nombres y recetas neoliberales de la Argentina del 2001.
Desde que el libertario asumió, corrieron ríos de tinta sobre sus primeros días de gestión. Y es que la promulgación de un protocolo antipiquete, que criminaliza la protesta social, junto a la sanción del inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la presentación del proyecto de ley ómnibus —llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos— son algunas de las estrategias más importantes que el elenco gubernamental actual puso en marcha para el desmantelamiento del Estado en Argentina, no así de “la casta”.
No se trata de medidas de alivio a la crisis económica e inflacionaria que vive el país. Estamos hablando de políticas que van directo al corazón de la configuración social y política de Argentina y la destruyen: liberalización de los precios del mercado interno con un fuerte incremento en el costo de vida, quita de subsidios a los servicios básicos, desprotección de la industria nacional, reforma de la legislación laboral y aniquilamiento de los derechos de los trabajadores, arancelamiento de la educación y la salud pública, desfinanciamiento de las universidades nacionales y del sistema científico, levantamiento de las prohibiciones de venta del territorio argentino y desregulación de las leyes que garantizaban la protección del medio ambiente y evitaban el uso del suelo para beneficio del capital transnacional, entre otro centenar de puntos.
Inmediatamente, la sociedad argentina comenzó a hacer sonar sus cacerolas. Desde el 20 de diciembre de 2023, fecha emblemática por la conmemoración del aniversario de la crisis del 2001, las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y hasta Ushuaia han alojado a miles de personas de distintas edades que salieron a manifestar su profundo rechazo a estas medidas. Estos “ruidazos” se han extendido también fuera de las fronteras argentinas: en México y Madrid, por ejemplo.
Los medios de comunicación poco han dicho sobre estas manifestaciones. En su lugar, han justificado y amparado a un presidente que decide no atender los reclamos ni los fantasmas que vienen con él en forma de helicóptero. Ellos, junto al ejército de influencers del Tiktok, impulsan el contrarrelato: “hay que tener paciencia”, “hay que darle tiempo al gobierno”, “vamos a sufrir ahora, pero en 35 años tendremos una Argentina mejor”. Falacias de un gobierno integrado por ejecutivos y empresarios que buscan desactivar el activismo político y nutrir su agenda de negocios.
Hasta ahora, todas las reformas se han impuesto sin respetar los canales institucionales del sistema democrático, mediante estrategias dilatorias del tratamiento parlamentario y recurriendo a amenazas y presiones públicas para exigir que diputados y senadores acompañen las medidas. Se trata de un proyecto político tan arrasador que no puede sostenerse sin autoritarismo ni represión.
