A partir de la pasada administración en Estados Unidos, comandada por Donald Trump, y en menor medida la actual, a cargo de Joe Biden, parte de su élite gubernamental y económica cayó en cuenta —por medio de la abrupta desaceleración productiva internacional ocasionada por la pandemia de COVID-19— de las desventajas para su dinámica comercial interna y externa fijada por el offshoring, es decir, la relocalización de la producción en países fuera del continente americano, especialmente China.
Independientemente del efecto pandémico, Washington de igual forma ha notado que esta deslocalización productiva ha generado el desarrollo intensivo de Pekín desde 1980 como una potencia económica, y que en un futuro la potencia asiática habrá de arrebatarle el primer lugar, reconfigurando así el panorama geopolítico mundial.
Como una de las múltiples facetas orientadas a prevenir este escenario, el gobierno y las empresas estadounidenses elaboraron una nueva estrategia para tratar de revitalizar su dinámica económica y reducir la excesiva dependencia manufacturera de Asia: una maniobra llamada nearshoring, que en términos generales supone de igual forma una relocalización de ciertos procesos de elaboración de un producto o servicio, pero en lugar de efectuarse en otro continente prefiere la cercanía geográfica.
En este sentido, nuestro país vuelve a un lugar privilegiado no solamente por la posible llegada de flujos de inversión que retornan de China por motivos políticos y de costo laboral, sino por el impulso que pueden ofrecer al desarrollo y crecimiento económico nacional.
De manera paralela, estos nuevos ingresos nos pueden permitir preparar el terreno para cimentar sectores de central importancia para el futuro de cualquier economía, como el terciario o de los servicios, y el más nuevo, que comprende las tecnologías de la información.
Sin embargo, la apertura de México al nearshoring no puede realizarse solamente por el deseo ciego de atraer inversiones tras considerarlas como solución única al desarrollo nacional, como erróneamente se pensó cuando nuestra economía se insertó en el mundo globalizado.
Al contrario, esta nueva apertura debe estar respaldada por marcos legales e institucionales que ofrezcan certezas y confianza a los inversionistas, pero también aseguren la protección y derechos de los trabajadores, pues sin ambos nada es posible.
