Haciendo un seguimiento de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos afirmar que dos son los pilares que orientan la cuarta transformación: la lucha contra la corrupción y la lucha contra el neoliberalismo.
Hablemos de la primera. En la disputa de los bienes y recursos públicos, para que no pasen a manos de particulares de manera ilegal e ilegítima, se ha buscado evitar que la riqueza reunida por los gobiernos (como herencia histórica, mediante contribuciones o impuestos) sea apropiada por personas o grupos, a partir de su desvío o canalización inadecuada. Las formas concretas como se puede expresar esta apropiación de los recursos públicos son muchas: la “venta” de bienes y empresas públicas a particulares a bajo costo; la adquisición de productos o materiales a un sobrecosto; la realización de obras inservibles o poco funcionales (elefantes blancos, inaugurados con bombo y platillo) por empresas donde participan funcionarios del mismo gobierno; la aplicación discrecional de la ley a cambio de recursos, permisos y concesiones, por los cuales se vuelve a pedir “mordidas”, entre otros.
Para nuestra desgracia, en el periodo del neoliberalismo, iniciado con el gobierno de Miguel de la Madrid, hasta el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, brotan como pasto los ejemplos del uso indebido de recursos públicos: la venta a precios menores de cientos de empresas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la transformación de deudas privadas en deuda pública, con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) de Ernesto Zedillo, las licitaciones y concesiones a modo entregadas a familiares, como Oceanografía con Vicente Fox, los cientos de obras inconclusas pagadas a sobreprecio con Felipe Calderón, como la barda de la “refinería” de Hidalgo, o el desvío de dinero a empresas privadas con el propósito de utilizar los recursos con fines electorales, como la estafa maestra con Peña Nieto.
En conjunto, estos fueron gobiernos dedicados al saqueo del erario y a poner una parte significativa de la gestión gubernamental al servicio de intereses particulares, con el caso extremo y ominoso del narcogobierno calderonista. Esos recursos, que debieron utilizarse para la comunidad, se trasladaron, mediante acuerdos con los gobernantes en turno, ilegal e ilegítimamente, a cuentas de particulares; la labor que debía concentrarse en la atención de las necesidades de las personas se puso al servicio de pequeñas minorías.
Se tienen algunos números indicativos de lo que pesa la corrupción: por ejemplo, en 2018, todavía durante la administración de Peña Nieto, un funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) declaró que la corrupción costaba a México hasta 10 por ciento de su producto interno bruto; y hace apenas unos días, en julio de 2024, el presidente afirmó que, durante sus cinco años de gobierno, por no permitir la corrupción, se habría ahorrado un billón de pesos, con lo que se financiaron una parte de los programas para el bienestar y proyectos de infraestructura.
Desafortunadamente, este trabajo del gobierno federal no necesariamente se aprecia en los gobiernos de los estados y los municipios. Recientemente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, afirmó que, con la contratación de supuestos servicios de salud, por parte de distintos gobiernos de los estados, recursos fueron triangulados en paraísos fiscales y devueltos para pagos a una parte de la triste comentocracia mexicana. Lo que nos muestra que aún se debe trabajar en estos niveles de gobierno para acabar con la corrupción, “causa de la desigualdad, la pobreza y la violencia …”, como en su momento, de manera muy acertada, declaró López Obrador.
