En Oaxaca no hay agua.
El surtido municipal, que estaba llegando una vez cada dos semanas en promedio, luego empezó a despachar cada tres semanas; y ahora, una vez al mes. Por la Central de Abastos hay zonas que llevan dos meses sin recibir una gota. En las colonias se quejan de que lo que hay de surtido fue canalizado al centro para alimentar los voraces apetitos de los turistas que llegaron como hordas para el Día de los Muertos. Mientras tanto, revisan de manera diaria la página de Facebook de Servicios de Agua de Oaxaca (SOAPA) con la esperanza de que hoy, ojalá, su barrio esté en la lista de las que recibirán lo que la prensa llama con solemnidad el “vital líquido”. Vital será, pero cada vez más escaso. Y eso que apenas terminó la temporada de lluvias.
Por las calles pululan las pipas, cobrando lo que quieren y haciendo su agosto. Una pipa que costó 800 pesos un día costará mil al día siguiente, y si no actúas con rapidez y esperas otro día más, luego mil 200. La quinta esencia de un bien público está siendo extraída de pozos profundos de particulares en las afueras para ser regateada en las calles de la ciudad, según la única ley del capitalismo salvaje: si tienes dinero, tienes agua; si no, pues llama otra vez a SOAPA o refresca su página. No ha de tardar.
La crisis del agua no es nada nuevo en Oaxaca; desde hace décadas, las pipas son una presencia constante. Pero no recuerdo tantas, no en este periodo. En la ciudad hay cada vez más hoteles y Airbnb; en el campo, cada vez más fincas de mezcal, que usa agua tanto en el riego de los magueyes como en el enfriamiento para destilado. Sólo en la última década la cantidad de agua empleada para la producción de mezcal se ha multiplicado por un factor de diez. Mientras tanto, la decrépita infraestructura hidráulica resiente los efectos de largos años sin mantenimiento. La idea de poder beber agua de la llave es un lejano sueño en Oaxaca, como lo es en la vasta mayoría del país. En lugar de agua limpia, garrafones; efectivamente, un impuesto regresivo que pega más a los hogares y negocios humildes.
En la presentación que sea, el agua es un gran negocio. Gracias a la Ley de Aguas Nacionales, promulgada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en los meses anteriores a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), se crearon “mercados” cuyo efecto, como en procesos paralelos en tantos otros sectores, fue el de transferir recursos de la nación a manos privadas. Así nacieron los millonarios del agua, un grupo selecto de familias y corporaciones que concentraron la vasta mayoría de estas nuevas licencias. Entre los nombres en esta lista están nombres conocidos, como Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la familia Robinson Bours de Bachoco, Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, y Daniel Chávez Morán y Miguel Quintana Pali, de los parques temáticos Xcaret en la península de Yucatán. En conjunto, estas élites controlan unos 26 mil 600 millones de pies cúbicos de agua.
Mientras tanto, las empresas Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo y Aga chupan otros 133 mil millones de litros al año de la tierra para revendérselos al público en la forma de agua embotellada y refrescos: México se encuentra en primer lugar en el mundo en el consumo de ambos. Y para colmo, ahora los bancos privatizados en el salinato andan detrás del agua privatizada en esos mismos tiempos: Santander cuenta con unas 35 licencias; HSBC, 25, y BBVA, diez. Sólo dos de esas últimas, en Nayarit y la cuenca de Lerma-Santiago, permiten explotar unos 3.7 millones de metros cúbicos al año. Todo eso mientras los bancos en México reportan utilidades récord y los futuros del agua se compran y venden ya en las bolsas de valores de Wall Street.
El camino hacia adelante es claro. Primero, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso debe revocar la Ley de Aguas Nacionales y remplazarla con una que respete la constitución, reconociendo el derecho público, comunitario e indígena al recurso, junto con provisiones para su conservación. El reciente traspaso del distrito de riego 18 al pueblo yaqui —el primero en ser administrado por un pueblo originario— es un buen paso en ese sentido. Segundo, como ha hecho en otras áreas, el gobierno debe revisar todos los contratos leoninos que se firmaron en la materia, cancelando los que son abusivos o que fueron emitidos o adquiridos a través de la corrupción o el fraude.
Tercero, el movimiento aglutinado alrededor de Morena tiene que articular un discurso mucho más contundente acerca del cambio climático, tema insuficientemente discutido este sexenio. Sí, los países del norte global han producido la vasta mayoría de las emisiones de dióxido de carbono y tienen una responsabilidad exponencialmente mayor; sí, el tema verde ha sido tergiversado por las empresas energéticas multinacionales con tal de mantener su acceso privilegiado a la red mexicana y oponerse a la Ley de la Industria Eléctrica. Pero con cada décimo de grado que aumente la temperatura global, todo lo anteriormente mencionado se agravará de manera correspondiente. Tener una presidenta experta en ingeniería ambiental, como Claudia Sheinbaum, representará una gran ventaja, pero sin un trabajo de concientización de base será insuficiente en sí.
Mucho se ha hablado recientemente acerca de si México está o no blindado contra la elección futura de un ultraderechista como Javier Milei, por el carácter de su gente, por la fortaleza de su economía, por la historia de su revolución. Pero eso sí: cualquier pueblo con sed (y no “hambre de sed”, sino sed de verdad) será presa más fácil de un demagogo que prometa soluciones mágicas a problemas postergados. No dejemos que se llegue a eso. Si Oaxaca está así ahora, en la primera quincena de diciembre, no quiero ver cómo va a estar al final de la temporada de secas, en abril.
