Comentaristas de todo el espectro político coinciden en que la propuesta de pacificación de la actual administración es “exactamente igual” a la estrategia de militarización de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, se dice que es particularmente indignante que esta estrategia se profundice en un gobierno de izquierda, cuyo candidato prometió retirar al Ejército de las calles, promesa que incumplió al llegar a la oficina presidencial. Ahora, opositores y seguidores exigen una explicación sobre este supuesto incumplimiento.
Las razones de la estrategia de pacificación de la actual administración son bien conocidas, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador las ha comentado en repetidas ocasiones. Lo que llama la atención es que sus críticos no puedan o no quieran aceptar las diferencias que se han puesto sobre la mesa. Parte de esta resistencia podría explicarse por la aversión visceral que existe hacia López Obrador, pero también por una especie de ceguera de taller derivada de una preocupación y lucha legítima contra los intentos de militarización del país.
En cualquier caso, el debate público se ha empantanado con argumentos exagerados o inerciales que no distinguen matices ni permiten discutir las oportunidades y los riesgos específicos de la propuesta de la actual administración. Para intentar aclarar el debate público, es necesario hacer un brevísimo recuento de los intentos previos de militarización de la seguridad pública y compararles con la propuesta actual de pacificación.
Felipe Calderón Hinojosa
Sin duda, el gobierno de Felipe Calderón ha sido el más afecto a la guerra en la historia del México contemporáneo. Como es sabido, Calderón utilizó como pretexto algunos eventos violentos para declararle la guerra a los grupos de la delincuencia organizada. Muestras de este discurso belicista hay muchas, pero un par de ejemplos pueden ayudar a refrescar la memoria.
“Hoy los delincuentes deben saber que no escatimaremos esfuerzos ni recursos para perseguirlos y atraparlos donde quiera que se encuentren, en cualquier parte de México e incluso, fuera de nuestro territorio. Pero esta guerra, amigas y amigos, sólo la podremos ganar con la participación y el compromiso de todos”, 24 de julio de 2007.
“La pretensión de la delincuencia, no la olvidemos, era y es secuestrar el futuro de México, si no hay más ley que la que emana del Congreso, el crimen organizado busca imponer su propia ley, si por definición el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, estos grupos buscan imponer su propia fuerza, dominar a los ciudadanos y paralizar al gobierno.” Discurso en ocasión del Primer Informe presidencial, 2 de septiembre de 2007.
Este discurso belicista fue posible por la idea, arraigada en la academia y en los expertos en seguridad, de que la razón de ser del Estado radica en la imposición del monopolio de la fuerza coercitiva. Por lo tanto, cuando las organizaciones criminales compiten por el monopolio de la fuerza se puede producir un Estado fallido, que amenaza la existencia del Estado de derecho y la democracia. De manera que es imperativo que el Estado imponga el legítimo monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley y recobrar el orden.
Sin embargo, conforme avanzaban los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales, el monopolio de la fuerza no se lograba imponer; por el contrario, la violencia se intensificaba y dispersaba por todo el país. Pero a pesar de los malos resultados, el presidente Calderón estaba decidido a no amilanarse y triunfar en la guerra.
Para reforzar a las Fuerzas Armadas se buscó dotarlas de más y mejor armamento, pero principalmente de efectuar una reforma legislativa que permitiera emparejar la guerra. Se dijo que mientras que las organizaciones criminales actuaban violando todas las leyes con un alto poder de fuego, las Fuerzas Armadas estaban maniatadas por la normatividad que les exigía la protección de los derechos humanos, ¡de los delincuentes! Para Calderón esta situación era un absurdo porque, sin lugar a duda, el Estado tiene como potestad el uso legítimo de la fuerza contra los criminales para hacer cumplir la ley e imponer el orden.
De esta forma, no sorprende que la intervención de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el crimen haya producido un record histórico de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El promedio anual de quejas contra el Ejército, entre 2007 y 2012, fue de 1,335, alcanzado el punto más alto en 2009, con 1,791 quejas en un año.
Para enfrentar esta situación, el 19 de febrero de 2008, Día del Ejército, el Secretario de la Defensa hizo pública por primera vez la exigencia de una legislación que protegiera a las Fuerzas Armadas por las violaciones a los derechos humanos derivadas de las tareas encomendadas por la autoridad civil, misma que repitió al año siguiente, en el misma fecha. Finalmente, en abril de 2009, el presidente Calderón envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional.
Según la revista Proceso y filtraciones de WikiLeaks, en ese mismo mes de 2009, el Secretario de la Defensa se reunió con algunos diputados y senadores para cabildear la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley enviada por ejecutivo, la cual incluía legislar sobre el “estado de excepción” y las siguientes potestades para las Fuerzas Armadas: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia, para poder detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado -es decir, retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día-, para tomar las huellas dactilares de los detenidos, para intervenir las comunicaciones, para rastrear o hackear páginas de internet, para cancelar espectáculos públicos y disolver concentraciones de vehículos (bloqueos). [1]
Los legisladores de oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil consideraron que la iniciativa otorgaba permiso a las Fuerzas Armadas para que actuaran sin restricciones y sin perjuicio por violar derechos humanos durante la guerra contra el crimen. Así pues, con el fin de impedir la militarización, legisladores y organizaciones de la sociedad civil exigieron, sin éxito, que en lugar de legislar en materia de seguridad nacional y seguridad interior, se legislara sobre seguridad humana. Es decir, en lugar de legislar para salvaguardar la permanencia del Estado, sus instituciones, el orden constitucional y la gobernabilidad del territorio nacional, se legislara para proteger la vida, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas. Después de casi dos años de discusiones, y a pesar del respaldo del PRI, la propuesta no se aprobó en el congreso.
Hasta aquí, podríamos estar de acuerdo en que no existe nada más belicista, militarista y dictatorial que invocar la suspensión del ejercicio de derechos y garantías individuales para otorgar a las Fuerzas Armadas facultades para participar sin restricciones en una guerra contra civiles, en nombre de la legalidad y seguridad del Estado.
Enrique Peña Nieto
Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto abandonó notablemente el discurso belicista y militarista. No se volvió hablar de la guerra contra las drogas ni contra el crimen organizado. Además, se acordó con los medios de comunicación no dar noticias sobre la violencia de las organizaciones criminales, para evitar difundir los mensajes de los grupos criminales y para reducir la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
Si bien las intervenciones de las Fuerzas Armadas bajaron considerablemente respecto al gobierno de Calderón, éstas continuaron realizando tareas de persecución del crimen organizado. Además, al igual que en el sexenio de Calderón, con motivo del aniversario de los 100 años del Ejército en 2013, el entonces Secretario de la Defensa expresó que las Fuerzas Armadas requerían de instrumentos legales adecuados para seguir cumpliendo con las tareas encomendadas por la autoridad civil. Este mismo llamado se repitió de manera más detallada los siguientes años, hasta que en septiembre de 2016 se presentó en el Senado una iniciativa de Ley de Seguridad Interior.
Igual que con Calderón, los defensores de la Ley de Seguridad Interior afirmaban que la ley no protegía al Ejército, sino que regulaba democráticamente las declaratorias de emergencia y la suspensión del ejercicio de derechos y garantías para que el Ejército y la Marina pudieran actuar por sí en la persecución de delincuentes.
En este punto es importante destacar que el Secretario de la Defensa dejó en claro que la intervención de las Fuerzas Armadas no debían regularse por la normatividad en materia de seguridad pública porque de ser así, se les dejaría en estado de indefensión frente a las organizaciones criminales.[2] Dicho de otra forma, con la Ley de Seguridad Interior se pedía que las Fuerzas Armadas pudieran actuar como si estuvieran en guerra para reestablecer la seguridad pública, pero se rechazaba la posibilidad de que las éstas actuaran como policías, es decir, bajo la restricción de proteger a las personas y su patrimonio.
En respuesta a este intento de legislar sobre el estado de emergencia, se creó un movimiento antimilitarista con la participación de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales. El movimiento consideraba que la ley no contemplaba límite alguno en el quehacer de las Fuerzas Armadas, pero sí garantizaba que las acciones de Seguridad Interior se realizaran a cabo con su organización, medios y adiestramiento. Incluso la CNDH opinó que la ley era violatoria de los derechos humanos, la Constitución y promovía la discrecionalidad de las Fuerzas Armadas, lo cual facilitaría que los abusos militares quedaran impunes.
A pesar de la fuerte oposición a la iniciativa, la mayoría del PRI en el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, misma que se publicó el 21 de diciembre de 2017. Sin embargo, gracias a la lucha de la sociedad, el 15 de noviembre de 2018 la SCJN declaró inválida esta ley.
En resumen, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se insistió en la necesidad de legislar la restricción del ejercicio derechos y garantías individuales para permitir que las Fuerzas Armadas actuaran por sí y para sí en el combate al crimen organizado. Sin embargo, ni si quiera en este caso, se puede decir que ambas propuestas “son exactamente iguales”. Mientras que en la estrategia de Calderón hay un afán belicista que exige más compromiso y sacrificios de vidas humanas para ganar la guerra, en Peña Nieto no se percibe ese mismo apetito, sino más un impulso coercitivo, digamos, más tradicional.
Por ejemplo, durante el gobierno de Peña Nieto los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, el número de quejas de violaciones a los derechos humanos, así como el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas se redujeron considerablemente respecto a la administración de Calderón. A pesar de estos datos favorables, se conocieron casos emblemáticos en los que el Ejército uso la fuerza de manera desproporcionada contra presuntos delincuentes como en el Palmarito, Tlatlaya, Apatzingán, o Tanhuato. Asimismo, en el periodo comprendido entre julio de 2014 y noviembre de 2018 se registraron casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social, tales como: Chalchihuapan (2014), Ayotzinapa (2014) Nochixtlán (2016), las movilizaciones contra el gasolinazo (2017), la represión en Tiripetío, Michoacán (2017), entre otros más. Se acumularon 175 quejas por violación de derechos humanos en contexto de protestas sociales.[3] Estos eventos dan una idea de por qué, aun cuando Peña Nieto comandaba una guerra, las Fuerzas Armadas demandaban una legislación que les protegiera de las tareas ordenadas por la autoridad civil.
Andrés Manuel López Obrador
La propuesta de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador no parte del diagnóstico de que es imperativo recuperar el monopolio de la fuerza coercitiva del Estado para imponer la ley, el orden y la paz. Por el contrario, la propuesta de pacificación parte del diagnóstico de que la paz es fruto de la justicia social y de que no se puede apagar el fuego con más fuego. Por lo que siete de los ocho puntos del plan de pacificación están orientados a la eliminación de la corrupción, respeto a los derechos humanos, mejorar el bienestar, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de paz, dignificar las cárceles y repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas. En resumen, el objetivo es acercar el Estado de bienestar al territorio para disputarle a las organizaciones criminales la base social. En el último se plantea la creación de una Guardia Nacional que contempla el siguiente contexto.
Dado el nivel de fuego que ha mostrado las organizaciones criminales en los últimos lustros y la corrupción de las policías municipales, estatales y federales por la infiltración del crimen organizado, existe un consenso entre los grupos antimilitaristas sobre la necesidad de formar policías en los tres niveles de gobierno, que deberán estar capacitadas en materia de derechos humanos. Sin embargo, en lo que no hay consenso es cómo resolver varios detalles prácticos para implementar la propuesta. Por ejemplo: ¿Se debe de empezar por formar a las policías municipales, las estatales o las federales? La respuesta ideal sería que se formaran todas al mismo tiempo, pero se carece de la capacidad institucional y recursos para realizar este magno ejercicio de manera simultánea.
Es sabido que, frente a este dilema, el presidente López Obrador decidió empezar por la formación de una Guardia Nacional, para lo que era necesario plantearse preguntas como: ¿Cuál es la institución pública o privada con la capacidad instalada y programas para formar masivamente al personal policiaco? ¿Cuál es la institución del Estado mexicano con mayor capacidad para establecer los mecanismos de control de confianza y disciplina para prevenir la corrupción del nuevo cuerpo policiaco y los abusos a los derechos humanos?
Si bien existen colectivos y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que ofrecen estrategias y contratos de capacitación en este tema a municipios, estados y la federación, cabe preguntar si alguna de estas organizaciones tiene la capacidad e infraestructura para generar un programa nacional que permita homologar la formación y los controles de confianza. O quizá, haya quienes consideren que lo óptimo no es un programa nacional a cargo de una institución; sino una capacitación fragmentada, impartida por una diversidad de organizaciones y empresas, a través de un mercado nacional de formación de policías.
Bajo estas restricciones, el presidente López Obrador consideró que el Ejército mexicano es la institución que cuanta con la infraestructura, capacidad operativa y tradición en valores de disciplina, honradez y servicio necesarios para emprender la magna tarea de construir una policía nacional con más de 100 mil elementos. Sin embargo, como es sabido, el movimiento antimilitarista considera que esta propuesta es un intento más de militarizar la seguridad pública.
El problema con la crítica a la estrategia de pacificación de la actual administración es que es inercial y está sustentada en la idea de que las Fuerzas Armadas solo cuentan con una cualidad y una potencialidad: la fuerza letal para eliminar al enemigo. Como si los integrantes de las Fuerzas Armadas fueran armas letales las 24 horas del día, incapaces de controlar y regular el uso de la fuerza. Si esto fuera cierto, la propuesta de López Obrador sería inaceptable en un contexto democrático.
Sin embargo, nuestra comprensión de los fenómenos sociales podría ampliarse si aceptamos que, una cosa tiene diversas potencialidades o usos. Por ejemplo, un cuchillo tiene la cualidad de ser filoso, lo que le da la potencialidad de cortar, desgarrar o partir cosas. De manera que, un cuchillo puede usarse potencialmente para preparar una ensalada, cortar un bistec, cortar una soga, realizar una cirugía o darle una terrible muerte a alguien más. Si solo destacáramos la potencialidad del cuchillo para dañar a otra persona, perderíamos la posibilidad de usarlo en actividades beneficiosas. Así pues, las cosas no pueden definirse como esencialmente buenas o malas, peligrosas o beneficiosas, esto depende de la capacidad para apreciar sus potencialidades, así como de la subjetividad de quien las emplea y el objetivo que se quiere alcanzar.
Desde este marco analítico, se puede observar que el presidente López Obrador ha hecho una propuesta radical para reconfigurar a las Fuerzas Armadas, al resaltar otras de sus cualidades como la disciplina, la honestidad, la eficacia y la mística de servicio público. Si resaltamos estas cualidades, es posible que se pueda controlar y regular el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, lo que sin duda ampliaría sus usos potenciales.
Muestra de la radicalidad de este discurso hay varias. Tomemos como ejemplo, el enfado de los militaristas porque la Guardia Nacional y el Ejército han evitado la confrontación y se han retirado de situaciones que pueden generar bajas injustificadas de civiles, soldados y delincuentes. Hay videos que muestran a integrantes del Ejército o de la Guardia Nacional siendo desarmados por gente de las comunidades y escoltados para salir de la localidad. Los militaristas han lamentado lo que consideran la humillación y deterioro de las Fuerzas Armadas por la política de Abrazo, no Balazos. Sin embargo, López Obrador ha querido mostrar que las Fuerzas Armadas no defienden su honor ni la disciplina militar cuando violan derechos humanos, atacando a civiles o delincuentes sometidos, sino cuando ponen por delante el cuidado de la vida de todas las personas.
“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos, y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir: ‘Hago valer la autoridad, no me va a temblar la mano’, todo eso que hacían, cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos.”
“Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, [que] son seres humanos.” Conferencia Matutina, 12 de mayo de 2022
Más aún, en el contexto del más reciente informe sobre el caso Ayotzinapa, donde se señala que hubo participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes, un reportero preguntó si ésta no era una mancha más para las Fuerzas Armadas. La respuesta fue:
“Desde hace tiempo, desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve que, en vez de debilitar al Ejército, si había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución.” Conferencia Matutina, 19 de agosto de 2022
Más aún, si resaltamos cualidades como la disciplina, honestidad, eficacia y la mística de servicio público, podemos aceptar que las Fuerzas Armadas también pueden ser empleadas en acciones humanitarias de rescate y protección a la población, como el Plan DN3 que se aplica en desastres naturales. Pero también en labores de ingeniería civil para la construcción y rehabilitación de infraestructura pública; en labores logísticas para distribuir vacunas, medicinas, gasolina y agua; así como cultivar árboles para el programa de reforestación y otras funciones administrativas.
Sin embargo, el movimiento antimilitarista no considera positivo que las Fuerzas Armadas tengan otros usos potenciales porque, de nueva cuenta, consideran que sin importar la actividad que éstas desempeñen tienen una vocación de uso excesivo de la fuerza y represión que aplican de igual forma en cualquier situación. Por ejemplo, se ha afirmado que el Ejército participa en la construcción de proyectos prioritarios para intimidar a la población y reprimir cualquier descontento social generado por las obras. Lo cierto es que el presidente López Obrador ha afirmado en diferentes ocasiones que el Ejército nunca más recibirá la orden de reprimir al pueblo. Por lo que, cuando las comunidades han presentado inconformidades hacia las obras prioritarias, el gobierno federal ha abordado la problemática de manera institucional y con diálogo cercano y continuo con la gente. El Ejército ha participado en estos procesos de diálogo, lo que sin duda ha sido otra experiencia transformadora para esta institución.
Por último, hay un dato que los antimilitaristas no consideran al criticar la creciente participación de las Fuerzas Armadas en más actividades de la vida pública. El número de intervenciones armadas, el índice de letalidad y las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos están por debajo de las administraciones de Calderón y Peña Nieto. ¿Cómo es esto posible, si para muchos la estrategia de López Obrador representa la fase superior del militarismo de calderonista?
Comentarios finales
Si la estrategia de pacificación de la actual administración no tiene el objetivo de hacer una guerra para imponer el orden y el Estado de derecho, si ni el presidente ni las Fuerzas Armadas han solicitado que se legisle la regulación del estado de emergencia y la suspensión de derechos y garantías para que las Fuerzas Armadas pueden actuar en las calles como si estuvieran en guerra, si la Guardia Nacional y el Ejército están limitados por el marco normativo de la seguridad pública que no les otorga funciones extraordinarias para justificar el uso excesivo de fuerza, si en los hechos los enfrentamientos y la letalidad de las Fuerzas Armadas se ha reducido, si hay evidencia de que se evitan las confrontaciones que arriesgan innecesariamente las vidas, en lugar de realizar ejecuciones extrajudiciales, si los integrantes de las Fuerzas Armadas están sujetos a tribunales militares y civiles, ¿se puede considerar esta iniciativa como un intento de militarizar al país?
La respuesta del movimiento #SeguridadSinGuerra es un categórico “sí”, “sí es militarización”, porque para este movimiento es suficiente que una persona con rango militar este a cargo de una actividad no relacionada con la guerra para considerarle una actividad militarizada. Una vez más, esto solo tiene sentido si se presupone que la naturaleza de las Fuerzas Armadas es la guerra y que sus integrantes solo pueden imbuir los valores propios de la guerra en cualquier actividad que desempeñen.
La diferencia de fondo entre la propuesta del presidente López Obrador y #SeguridadSinGuerra es que, el primero ve en la disciplina militar los mecanismos de control y supervisión para prevenir que la Guardia Nacional se corrompa, como los casos conocidos de la Policía Judicial, la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal. Además, de la posibilidad de imbuir en la administración pública los valores y mística de servicio de las Fuerzas Armadas, para que estos formen parte en la construcción de un gobierno que sirve y cuida de la gente.
Por otra parte, #SeguridadSinGuerra entiende la disciplina militar como disciplina para la guerra, exterminio o violación de los derechos humanos, la cual es deseable para repeler a enemigos externos pero indeseable en los ámbitos de la vida civil.[4] Pero la evidencia nos muestra que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen otros principios y capacidades que les permiten ser mucho más que máquinas letales de guerra.
Todavía hay que ahondar más en temas claves para tener una mejor perspectiva sobre la propuesta de pacificación y la posible militarización, por ejemplo, detalles del marco normativo de la disciplina y el fuero militares en México. Hasta ahora sabemos que la guerra y los actos de represión no han sido iniciativas de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sino de la autoridad civil, el Presidente de la República en turno.
Asimismo, sabemos que la actual administración no ha buscado ni busca un marco regulatorio especial para justificar las posibles violaciones a los derechos humanos como lo propusieron las dos administraciones anteriores. Por el contrario, se busca en marcar el actuar de la Guardia Nacional y del apoyo que le ofrecen las Fuerzas Armadas en el marco normativo de la seguridad pública. Para decirlo fácil, esto no implica militarizar a la seguridad pública, sino policializar el actuar de las Fuerzas Armadas en las calles. Una propuesta difícil de aceptar y de creer, pero que es lo que debería de estar a discusión.
[1] El general desesperado. Proceso, 16 de abril de 2010. https://www.proceso.com.mx/opinion/2010/4/16/el-general-desesperado-8560.html
[2] https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/12/5/cienfuegos-no-confundir-seguridad-interior-con-seguridad-publica
[3] El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018, Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Puede ser consultado en https://bit.ly/2GlYGWL
[4] La Militarización de la Seguridad Pública en México y sus Fundamentos Legales, Mexico Unido Contra la Delincuencia y Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
