La utilidad de la reforma del outsourcing

Columnas Plebeyas

El reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) es un derecho del trabajo establecido en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Consiste en que las empresas que generan ganancias reparten una parte de estas entre sus trabajadores. La cantidad repartida a cada trabajador, que debió entregarse antes del último día de junio, depende del número de trabajadores en la empresa y del salario que recibe cada uno.

Los datos recién presentados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que más de 150 mil empresas repartieron utilidades en 2022 y que el monto de utilidades repartido creció un 109 por ciento con respecto a lo repartido en el año anterior.

En buena parte el drástico incremento se explica por la introducción de una serie de modificaciones a la legislación laboral que entraron en vigor en abril del año pasado y que regulan la subcontratación, práctica comúnmente conocida como outsourcing. Una consecuencia de las prácticas de subcontratación es que difuminaba los vínculos de los trabajadores con las empresas, por lo que, al aplicar los lineamientos de la PTU, la gran mayoría quedaba excluida del reparto de utilidades. La regulación del outsourcing limitó el tipo de servicios que pueden ser subcontratados, siempre y cuando no formen parte de la actividad principal de la empresa.

A raíz de estos cambios legales, cerca de tres millones de trabajadores fueron reconocidos por sus patrones efectivos y, aunque en la negociación de la reforma se topó el monto de utilidades a repartir en hasta tres meses de sueldo o el promedio de PTU recibido en los tres últimos años (lo que resulte más favorable al trabajador), de acuerdo con los datos más recientes el 93 por ciento recibió utilidades en 2022.

Si bien la economía nacional tuvo un repunte después de la severa contracción derivada de la pandemia de covid-19, el drástico incremento en el reparto de utilidades no puede explicarse sólo por ese efecto de rebote. Una forma de apreciar cómo se modificó la estructura de empresas que reparten utilidades es que antes de la reforma de regulación del outsourcing las empresas que repartirían utilidades en 2021 tenían en promedio 21 trabajadores. Sin embargo, después de la reforma esta cifra se incrementó a 118 trabajadores en promedio.

A pesar de los recientes cambios a la legislación laboral, muchas empresas continúan compensando a sus trabajadores con esquemas que combinan un salario base bajo con bonos e incentivos. Si bien esto pareciera no hacer una diferencia con respecto a un trabajador con un salario más alto y sin bonos e incentivos, lo cierto es que prestaciones como el PTU, el aguinaldo, o las pensiones se calculan considerando el salario base. Aunque el argumento a favor de estos esquemas diferenciados tiene que ver con que incentivan la productividad, la realidad es que aún es necesario regular esas prácticas, que acabaron siendo mecanismos para la evasión de obligaciones.

El crecimiento de la PTU a raíz de la regulación del outsourcing, los incrementos en el salario mínimo y las reformas para la democracia sindical son algunas políticas que han logrado nivelar la balanza en favor del trabajo en los últimos años, aunque revertir el grado de precarización de la mano de obra requerirá aún muchos esfuerzos en términos de legislación y vigilancia del cumplimiento de esta.

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