Las políticas neoliberales que promovieron la inversión privada en el campo, y en lo particular la conversión de cultivos y la agroexportación junto con paquetes tecnológicos modernos, dejaron en abandono a otra parte del agro mexicano: los y las jornaleras agrícolas. Una de las razones para impulsar este tipo de políticas económicas fue la necesidad de hacer frente a los desafíos del mercado internacional en la era de la globalización, lo cual culminó en la firma del tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos en 1994. En las últimas décadas, en dicho tenor, ha proliferado el aumento de la producción agrícola con fines de exportación, principalmente a nuestros vecinos del norte. Con ello se ha conformado una geoeconomía agrícola distribuida en los estados del norte y centrooccidente de México; en el noroeste se ubican Baja California, Sonora y Sinaloa, los cuales ocupan los primeros lugares en exportación de fresa, uva de mesa, esparrago y tomate, respectivamente. En el caso de las fresas, para 2019 Baja California produjo un valor comercial de 7 mil 890 millones de pesos, con un crecimiento anual en los últimos 20 años de 12 por ciento, según Diego Macías.
En ese sentido, parafraseando a Luisa Paré, se generan regiones con economías duales en las zonas agroexportadoras. Dos tipos de dinámicas económicas en las mismas zonas agroexportadoras, una pujante, generadora de alto valor comercial, y otra, al interior de las comunidades receptoras, con carencias de todo tipo, y con sobreexposición a distintas amenazas. Tal lógica se ha expandido, en diferente escala, en las demás zonas otrora campesinas de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, ya que se generan productos con valor comercial de exportación como el aguacate; por ejemplo, en Michoacán el valor comercial generado en 2021 fue de 38 mil 885 millones de pesos, y en segundo lugar, muy por debajo, se encontraba Jalisco, con 5 mil 582 millones de pesos.
En las últimas décadas, la pujanza de la economía agroempresarial ha traído consigo, con alianzas del sector gubernamental, polos de atracción de mano de obra barata, flexible y manejable del sur del país, principalmente de los estados con una economía campesina de autoproducción o de mediana escala. De esta manera, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, han sido los principales proveedores de mano de obra, que al correr del tiempo se han transformado de antiguos campesinos de tiempo completo a jornaleros agrícolas migrantes.
Aunque sigue persistiendo la sociedad de la milpa, como señala Armando Bartra, sobre todo en las comunidades del sur del país, la incorporación del mundo campesino al mundo asalariado agrícola del siglo XXI implica una serie de retos y desafíos. Simplemente el peso sociodemográfico es relevante, pues para 2022 se estimaba una población jornalera agrícola de 2,3 millones de personas (Coneval, 2024).
Estamos ante dos caras de la misma moneda, un modo de producción agroexportador que sigue las pautas, y de alguna manera es producto, de las dinámicas globales agroalimentarias, y la paulatina pauperización de los trabajadores agrícolas, que venden su fuerza de trabajo para empresas del ramo. Por una parte, se echa a andar la premisa neoliberal de la optimización de recursos y maximización de ganancias y, por otro, se causa un deterioro de la fuerza laboral; a su vez, los gobiernos de corte neoliberal se sincronizan con tales pautas mientras impulsan incentivos a la élite agroempresarial.
La consolidación de este modelo de producción agrícola trajo consigo una concentración de riqueza y ganancias de las élites regionales. La pujanza se refleja en los modernos procesos que conforman las distintas cadenas de valor, que incluye no sólo los sistemas de trabajo y riego, sino también las modificaciones genéticas para derivar nuevas variedades sin decir los procesos administrativas y comerciales para distribuir los productos en los países destino. En un estudio que realizamos para Oxfam México, identificamos que para el caso de la vid de mesa en Sonora con fines de exportación en la temporada agrícola de 2021 se generó un valor comercial de poco más de 9 mil millones de pesos, cifra semejante al presupuesto de ese año para la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. El alto valor de tal producto debería corresponder con óptimas condiciones laborales, incluyendo mejores indicadores para paliar el rezago social de varias localidades agrícolas. Durante décadas esto no ha ocurrido, sin embargo, pues para el caso de la producción de vid la costa de Hermosillo, Sonora, ha albergado decenas de campos agrícolas con alta producción de vid de mesa e industrial, pero esta zona es de las de mayor proporción de población jornalera pobre. En 2020 entre el 60 y 80 por ciento era considerada de esta manera (Coneval, 2024).
En el estudio referido identificamos una serie de zonas de riesgo a la violación de derechos humanos, en lo que se ha llamado debida diligencia, es decir, el conjunto de procedimientos y procesos para disminuir la violación de derechos laborales y humanos en las diferentes cadenas de valor.
En el caso de Sonora, aunque aplica también para otras zonas agrícolas de México, los sistemas de contratación son un cajón de sastre que genera un escenario de inseguridad e incertidumbre, como por ejemplo los contratos informales de carácter verbal, los cobros por traslados al lugar de trabajo y las malas condiciones de transporte; es decir, el reclutamiento de la fuerza de trabajo agrícola representa un momento de mayor riesgo de violación a derechos laborales.
De igual manera, los sistemas de ascenso o movilidad laboral están topados no sólo por los techos de cristal para las mujeres, sino también por la frontera entre la formalidad e informalidad del empleo agrícola. Por una parte, existe casos de jornaleras que laboran muchos años en un mismo campo agrícola sin seguridad social, pero, además, a diferencia de sus compañeros varones, tardan más para acceder a un mejor puesto, sin mencionar que están expuestas al acoso y hostigamiento sexual.
La línea que separa la formalidad e informalidad del empleo es difusa, por lo que los intermediarios (contratistas, reclutadores, taxistas, sindicatos) y los mismos empleadores se aprovechan de la situación para generar procesos de reclutamiento y contratación opacos y pocos transparentes. Por ejemplo, de nuevo en Sonora, es común que los trabajadores conozcan poco o nada sobre el contrato colectivo de trabajo que se firma entre sindicato y empresas agrícolas. Algunos empresarios agrícolas han incorporado las certificaciones internacionales para mejorar las condiciones de trabajo ante la necesidad de exportar, pues es un requisito obligatorio.
Con el giro político a nivel federal y la irrupción de un gobierno de tendencia izquierdista en 2018, se diseñaron e implementaron una serie de políticas sociales agresivas para combatir la desigualdad social, como la pensión de adultos mayores y las transferencias monetarias a población con alguna discapacidad, entre otras medidas. Es tal el rezago que esos esfuerzos, junto con el sistemático aumento al salario mínimo, no han permitido saldar por completo la deuda histórica que se sostiene con los miles de trabajadores agrícolas del país y sus familias, porque si bien, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), salieron de la pobreza casi 9 millones de personas en todo el país, más de 470 mil personas jornaleras están en una situación de pobreza extrema (Coneval, 2024). Además, cerca del 95 por ciento se encontraba en la informalidad en 2020, según Flores con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual implica una desprotección en términos de seguridad social, que garantiza derecho a la vivienda, a los servicios de salud, cesantía en edad avanzada, entre otros factores.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado interés por implementar una serie de medidas para responder a las múltiples necesidades de los asalariados agrícolas. Por ejemplo, durante su toma de posesión del cargo señaló que se requiere un programa nacional de cuidados con especial atención en las mujeres jornaleras. No obstante, las acciones colectivas para mejorar las condiciones de la población jornalera tendrán más éxito si se conjuntan esfuerzos entre autoridades gubernamentales, grupos sociales a favor de los derechos laborales, y sobre todo, empresarios agrícolas y sindicatos.
Fuentes:
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2024). La población jornalera agrícola en México y su situación de pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/contribucion_estrategias_pobreza/Analisis_pobreza_jornaleros_agricolas_Mexico.pdf
- Macías, D., Calvario, E., y Velázquez, Y. (2022). Estudio Cadenas de valor agroalimentarias y mapeo de factores de riesgo a derechos humanos: Sonora y Baja California, Oxfam-México. Manuscrito s/p.
- Produce Pay. (2024). Regiones productoras de aguacate en México. https://producepay.com/es/el-blog/regiones-productoras-de-aguacate-en-mexico/#:~:text=Principales%20estados%20productores%20de%20aguacate,y%20el%204.4%25%2C%20respectivamente
- Flores, J. (2021). El trabajo jornalero agrícola: sus condiciones de precariedad en México y experiencias en la región latinoamericana para mejorar su acceso a la seguridad social. Conferencia Interamericana de Seguridad Social. https://ciss-bienestar.org/2022/03/30/el-trabajo-jornalero-agricola-sus-condiciones-de-precariedad-en-mexico-y-experiencias-en-la-region-latinoamericana-para-mejorar-su-acceso-a-la-seguridad-social/
