Aunque las autoridades no han aventurado el calificativo de sabotaje, cada vez existen más datos de acciones deliberadas que buscan entorpecer la operación del metro de la Ciudad de México y generar psicosis. Parecería que la idea central es instalar la noción de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha regateado el presupuesto y las acciones para el mantenimiento de este medio de transporte, en el que se trasladan millones de personas diariamente, y como consecuencia no es capaz de garantizar su función en condiciones de seguridad y eficiencia.
Que es importante que la población conozca no sólo los montos crecientes, sino cómo se aplican en el mantenimiento del metro, no cabe duda. Sobre este punto lo que más claro ha quedado es que millonarias e inéditas inversiones se han destinado al recambio de infraestructura de mantenimiento profundo: una línea entera, la de más años, un centro operativo y un sistema de aprovisionamiento de energía eléctrica para seis líneas completamente nuevos, además de la completa rehabilitación de la línea 12. El resto del mantenimiento está siendo diagnosticado por un consejo consultivo y entre lo que se ha identificado se encuentra la necesidad de desburocratizar la gestión de recursos para herramienta, sustitución de refacciones, etcétera. Cabe preguntarse en manos de quién está esa burocracia y cuáles son los roles del sindicato y de la dirección del metro en un proceso que no puede sino transparentarse y optimizarse. Entre los elementos de análisis de este contexto está el perfil de quien dirige el sindicato: Fernando Espino, militante priista, dos veces legislador por ese partido, que lleva 44 años al frente de la organización gremial y quien ha sido señalado de desviación de recursos y por tener a 18 familiares en la nómina del sistema de transporte. Cuando Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado le preguntaron sobre ese asunto en una entrevista, simplemente respondió: “son trabajadores, son mexicanos, ¿cuál es su problema?”.
Pero esto ya no es sólo un tema de recursos y de una gestión burocratizada o corrompida. Ahora se suma un elemento adicional: de acuerdo con lo informado en los últimos días, varias carpetas de investigación han sido abiertas por la Fiscalía General de Justicia capitalina debido a la presencia de incidentes atípicos e intencionados que ponen en riesgo la operación y a la población, si nos remitimos a lo sucedido en la línea 3 el 7 de enero, un siniestro que cobró la vida de una persona. Si bien no fue el primero, sí fue el más grave en sus consecuencias y en sus hallazgos: ese mismo día, después del accidente se encontró en una camioneta de personal del metro la caja negra de uno de los trenes, que contendría el registro de todos los movimientos del tren, es decir, un elemento fundamental para saber lo que ocurrió. Cuando su extracción fue revelada por la jefa de gobierno, el líder del sindicato, Espino (que ha sostenido repetidamente que todo incidente se debe a una falta de mantenimiento) dijo que sacar la caja del vagón para llevarla al taller formaba parte del protocolo. Omitió decir que esta acción debía ser acompañada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero eso no ocurrió. ¿Por qué hacerlo sin la Fiscalía? ¿Qué se estaba escondiendo?
Esto derivó en la incorporación no armada de la Guardia Nacional en la vigilancia de las instalaciones para prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes de este tipo; y desde que esta medida fue aplicada, se identificaron cuatro nuevos eventos que fueron desactivados.
Muchas preguntas caben y todas apuntan a la relevancia de las conclusiones de dos procesos: el diagnóstico del consejo consultivo y la investigación de la Fiscalía. Es fundamental la mayor de las transparencias y sustento en ambas.
