A la espera de la propuesta de reforma sobre organismos autónomos, vale la pena discutir distintas maneras en que se puede mejorar el trabajo regulatorio, independientemente de su organización dentro de la administración pública federal. ¿Podemos, por ejemplo, aprovechar la capacidad técnica de los expertos, que son el corazón de un regulador? Estos órganos podrían servir para asegurar la corresponsabilidad de los privados en el financiamiento de la investigación energética del país.
Hay tres tipos de reguladores para el sector energía. Los primeros son técnicos, enfocados en estandarizar y asegurar el funcionamiento seguro de equipos. Este tipo de regulador tuvo su origen en la industria europea de mediados del siglo XIX, en forma de grupos de expertos —ingenieros— que formaron parte de la segunda revolución industrial. A este tipo de regulación la conocemos en los etiquetados de un electrodoméstico en casa. El segundo tipo se enfoca en asegurar la operación segura y ambientalmente correcta de las industriales, principalmente como resultado de luchas laborales y ambientales del siglo XX, bajo la autoridad del Estado. El tercer tipo nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos para gobernar el comportamiento de las grandes corporaciones del petróleo, el acero y los ferrocarriles, pero llegó a México hasta finales de la siguiente centuria, con la liberalización de la economía. Estos son reguladores económicos, dedicados a la competencia industrial.
En México, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) asumió los papeles de regulador económico y regulador técnico de la industria eléctrica, también parcialmente de combustibles fósiles. Así, durante las primeras tres décadas de su existencia, desde 1994, la CRE asumió como su principal misión abrir paso a la inversión privada en un sector dominado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Le ha costado abandonar ese papel con el giro en el rumbo de la política pública de 2018, a pesar de que, irónicamente, fue con la implementación de la reforma energética de 2013 cuando más se la marginalizó en las decisiones sobre el mercado eléctrico. Mirando hacia el futuro, es momento de que la regulación imponga más obligaciones a los privados en aspectos operativos técnicos y económicos.
La gran área de oportunidad es comenzar a establecer obligaciones sobre la investigación e innovación local financiada por los privados. Trabajar sobre el financiamiento a la investigación sería una responsabilidad completamente nueva, pero es ideal cuando pensamos en un cuerpo de expertos cuya misión ya no es confrontar a la empresa estatal, sino incrementar el valor público del sistema eléctrico. El financiamiento de la investigación aplicada en la electricidad del país provino primero de la CFE y, a partir de 2013, de fondos administrados por la Secretaría de Energía y el ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Así, la innovación en electricidad dependió de recursos públicos. Sin embargo, con el crecimiento del papel del sector privado en la industria eléctrica no es descabellado proponer que los privados sean corresponsables activos de la innovación del sector.
Financiar la investigación e innovación debe ser una obligación regulatoria, en especial para invertir en la transformación de los servicios de la red eléctrica, donde los generadores tienen pocos incentivos para invertir. De hecho, para muchos generadores, entre menos avances tecnológicos sean aceptados por las autoridades encaran menos riesgos de tener mayores obligaciones. Desde el punto de vista económico, esto no es un problema. Así como pagan por los servicios de la red, los participantes del mercado pueden contribuir a un fondo de inversión en investigación aplicada, administrada desde el regulador. La Comisión tiene la capacidad de dialogar con los actores de la industria y puede tener las competencias para asignar y supervisar que los recursos se dediquen a proyectos desarrollados por instituciones locales. Países que transitaron a mercados completamente privados y liberalizados obligan a las empresas a contribuir a fondos de investigación que supervisan los reguladores. ¿No deberían hacerlo también aquí? Instituciones de investigación en México pueden trabajar en temas como la gestión de una red más flexible, la electrificación del transporte, la digitalización del sistema eléctrico, el desarrollo de nuevas tecnologías para complementar la variabilidad de las energías renovables, la participación ciudadana en las decisiones locales sobre el sistema energético.
Por las particularidades del sistema, las innovaciones con mayor impacto dependen de que se implementen tras decisiones de la autoridad para mantener una red eléctrica segura. Así que el involucramiento de las autoridades regulatorias en la investigación e innovación —pero financiadas por todos los participantes del mercado— tendría efectos directos en la experiencia y el costo de energía para todos los consumidores.
