El 24 de enero de 2024 participé en el tercer foro Mujeres y justicia, en el marco de los Diálogos para una reforma nacional de justicia, mejor conocidos como Diálogos por la transformación, convocados por el exministro en retiro Arturo Zaldívar, en el tema de justicia.
El objetivo de los encuentros, de acuerdo con Zaldívar —actual integrante del equipo de campaña de la aspirante a la presidencia por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum—, es generar un debate participativo, incluyente y plural que contribuya a consolidar un programa de gobierno con miras a construir una justicia real para la gente.
En el evento, celebrado en Oaxaca, estuvo presente la también exministra Olga Sánchez Cordero.
El foro Mujeres y justicia se conformó por tres páneles abiertos: “La deuda histórica con las mujeres y niñas”; “Perspectiva de género e interseccionalidad en la justicia”, y “Logros y temas pendientes desde la visión de los movimientos feministas”, en que participé.
La violencia familiar fue un tema muy recurrente. Desafortunadamente, se configura como uno de los basamentos de la desigualdad de género que sufren las mujeres y, en muchas ocasiones, es antesala de feminicidios. Todavía nos enfrentamos al problema de subordinar el bienestar de las mujeres a la idea de mantener unida a la familia, ideología que es reproducida por muchos operadores y operadoras de justicia.
Seguimos lidiando con la revictimización que acometen servidores públicos que laboran en el ámbito de procuración y administración de justicia. Las propuestas centradas en integrar la perspectiva de género en todas sus actuaciones pareció no tener más apoyo, pues, a decir de la mayoría de las panelistas, esto no han funcionado. El problema no es que las y los servidores desconozcan tal perspectiva; más bien existe una resistencia por incorporarla en su forma de ver el mundo y en sus actuaciones, decisiones y resoluciones. Así, se propuso establecer mecanismos de escrutinio a las autoridades de procuración e impartición de justicia para que cumplan cabalmente con su obligación, así como establecer procedimientos de evaluación cuyo resultado influya en su ingreso, permanencia y promoción a cargos públicos.
Fue recurrente la propuesta para que las autoridades consideren a niñas y niños como víctimas directas de violencia familiar cuando el padre agresor violenta a la madre. También se propuso que las medidas de reparación del daño en materia penal para las víctimas mujeres y niñas de violencia familiar sean más amplias, operantes y efectivas.
Además, se habló de lo perjudicial que son para el acceso a la justicia de las mujeres la violencia institucional y la corrupción. Se indicó que muchos de los agresores que quedan impunes son servidores públicos o personas con poder que se valen de su influencia, por lo cual se hizo un llamado a la congruencia y al establecimiento de sanciones y medidas de prevención. Un gran avance fue la ley tres de tres; sin embargo, no es suficiente. Asimismo, se consideró la necesidad de no centrarse en la prevención, atención y sanción sólo cuando existe violencia física. En este aspecto, las propuestas coincidieron en que las autoridades deben actuar en consecuencia sin menospreciar los efectos devastadores de la violencia psicológica, patrimonial y económica; por ejemplo, es muy frecuente que los hombres que son padres peleen la guarda y custodia de hijas e hijos para no proporcionar alimentos y, en ese sentido, castigar y hacer sufrir a las mujeres que son madres.
Se propuso la creación de juzgados especializados en violencia familiar con competencia mixta (civil y penal), a fin de que las mujeres que sufren violencia familiar no tengan que llevar dos procedimientos: uno penal, para la sanción por la violencia ejercida en su contra, y otro civil, para la regulación de las consecuencias inherentes a la separación o disolución del matrimonio.
La falta de estadísticas confiables sobre violencia familiar fue otro de los temas apuntados en las tres mesas.
Otro aspecto relevante fue dejar de considerar la violencia de género como exclusiva de las relaciones cisheterosexuales; se habló de las violencias a las que se enfrentan las mujeres trans cuando no se les reconoce su derecho a la identidad, así como la garantía y respeto a su vida. Se planteó la importancia de que sean beneficiarias de las leyes que han sido creadas para cismujeres en materia de protección de derechos, prevención y reparación, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se coincidió en que las leyes deben beneficiar a todas las mujeres en sus diversidades, pues no tienen las mismas necesidades las indígenas que las afrodescendientes, las niñas, las que viven con alguna discapacidad, las mujeres trans, las mujeres en cárcel, etcétera. La justicia ya no es una: se debe plantear en plural y atenderla en correspondencia con políticas públicas complejas que procuren atender las necesidades de las mujeres en su diversidad de necesidades y situaciones. Lo más importante es que se nos reconozca como sujetas de derechos y no como objetos de protección o beneficiarias de medidas asistencialistas.
Una pregunta continua fue cómo hacer para que todas las herramientas jurídicas con las que se cuenta actualmente se apliquen de manera correcta, diligente y tomando en cuenta los contextos y necesidades individuales de cada mujer. Una posible respuesta, en la que creo coincidimos todas, fue la de dejar de ubicar la responsabilidad de acceder en mayor o menor medida a las diversas justicias en cada mujer y ubicarla en el actuar de las autoridades. Ha llegado el momento de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia de presupuestos, elaboración de datos estadísticos, aplicación de sanciones administrativas e inhabilitaciones a quienes no quieren ser parte de la transformación, a quienes quieren seguir en las lógicas de la insensibilidad frente al dolor que sufren las mujeres y las personas más afectadas por las diversas desigualdades sociales, entre ellas las de género.
Es importante reconocer el extraordinario ejercicio de diálogo y escucha que se está impulsando desde el equipo de campaña de Sheinbaum. Lo celebro y espero que se replique y sea constante, no sólo antes de elaborar un plan de gobierno, sino durante toda la gestión de quien sea la nueva presidenta de México.
Cierro con la frase de Audrey Lord que una de las moderadoras del foro y gran amiga utilizó: “no seré(mos) libre(s) mientras exista una mujer sometida”.
