Durante décadas, Guanajuato fue una entidad tranquila, caracterizada por una incidencia delictiva muy baja. Su situación geográfica en el centro del país le confiririó un gran impulso a su desarrollo para convertirla en una entidad estratégica que alimenta de energéticos a los estados vecinos y prácticamente a todo el norte y occidente mexicanos.
Sin embargo, más de 30 años de panismo en su gobierno potenciaron el crecimiento de la incidencia delictiva, hasta convertirlo en el estado con más homicidios del país, sobre todo a partir de 2012. Y mantiene su récord: entonces, el homicidio doloso pasó de 207 a 692 casos anuales, con una tendencia constante hasta 2017, cuando llegó a mil 96.
En 2018 este delito se disparó a tres mil 517 casos y en 2019 sumó cuatro mil 19, para cerrar en 2020 con cinco mil 370. A partir de 2021, ya con la Guardia Nacional en el territorio, comenzó a bajar la tendencia: este año se registraron cuatro mil 333 crímenes, aunque mantiene la primacía a nivel federal.
No obstante estos trágicos resultados, al arrancar su gestión el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ratificó en sus puestos tanto al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, como al procurador del estado, Carlos Zamarripa. El caso de este último es inusitado. Presunto miembro del Yunque, impulsado y protegido por Vicente Fox y por la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, ha estado en el cargo desde 2009, con tres gobernadores distintos, y durante casi la mitad del tiempo que lleva el Partido Acción Nacional “gobernando” la entidad.
Pero no es todo, en 2019 una reforma promovida por el mandatario local lo convirtió en fiscal autónomo y le extendió el plazo de gestión hasta 2028.
Sin embargo, los casi 30 mil millones de pesos que ha ejercido Zamarripa en la procuración de justicia sólo han servido para aumentar la criminalidad en el estado, con una de las tasas más altas en impunidad: 98 por ciento. Aunque los jueces de Guanajuato tienen 41 por ciento menos casos que los del resto del país y un presupuesto 6 por ciento mayor que la media nacional. Son los jueces con menor carga de trabajo de todo el país.
En este contexto, en diciembre de 2019, el gobernador presumió no haber asistido a ninguna de las reuniones del gabinete de construcción de paz en el estado, justo en el mes en que la violencia había alcanzado un máximo histórico. Tiempo después tuvo que recular y comenzar a colaborar con la estrategia federal. Sin embargo, las cinco ciudades más importantes del estado siguen estando entre las 15 más violentas de México (León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Guanajuato).
En días pasados, fuimos testigos de un hecho brutal: el asesinato de un policía de Celaya, grabado y difundido en redes sociales por sus perpetradores. Antes de morir, el uniformado declaró ante cámara que la policía estatal forjó vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación para evitar que el PAN pierda el poder en el estado.
Unos días después, fue asesinada la candidata a presidir la alcaldía del mismo municipio, Gisela Gaytán, y el candidato a regidor Adrián Guerrero.
Es obvio que la fiscalía del Estado es incapaz de detener la violencia homicida, si no es que la promueve. Hoy, más que nunca, los guanajuatenses merecen que termine el infierno que el panismo criminal les ha impuesto por más de 30 años, que el fiscal sea desaforado e investigado penalmente.
