En el papel, ninguno de nosotros debería estar en contra de un movimiento que promoviera principios como la igualdad o la libertad. Sin embargo, grandes tragedias se han perpetrado en nombre de estos dos ideales.
En días recientes, una parte de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se opusó al nombramiento como comisionado del INAI —Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales— de Ricardo Salgado Perrilliat. A los legisladores les acusó de estar en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, además de ser defensores de un régimen autoritario que quiere destruir las instituciones democráticas.
Apelar a grandes causas ha sido una estratagema utilizada para ocultar otras intenciones. En este caso concreto, es más fácil defender la noción abstracta de la transparencia que discutir la afiliación política del personaje que la oposición quería imponer.
Uno de los problemas que se agravaron con el neoliberalismo fue la captura de las instituciones. Durante tres décadas se colocaron personajes afines en puestos clave. Con esta estrategia se favoreció deliberadamente a grupos específicos.
El conflicto en el reciente episodio del Senado no era el nombramiento en sí mismo, sino los antecedentes del personaje que se proponía y los intereses que representaba. Algo similar ha pasado con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Desde la fundación de este organismo autónomo, hubo una repartición de cargos que poco tenía que ver con la idoneidad de los perfiles.
Incluso, José Woldenberg llegó a ser presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) por dos razones sustanciales: su defensa acérrima del pluralismo —una causa bien vista en la década de 1980— y su memoria selectiva para juzgar las elecciones de 1988, que derivaron en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Woldenberg nunca estuvo con el movimiento obrero, promoviendo la democratización sindical; por el contrario, su participación siempre fue dentro de una pequeña élite. Por años se llenó la boca de democracia para desviar la mirada de un hecho concreto: se dedicó a cuidar los intereses de la élite que lo puso en el cargo.
Ideales y praxis no pueden juzgarse por separado, porque se corre el riesgo de abanderar causas vacías. Ciro Murayama, por ejemplo, se asume como defensor de la democracia, el gobierno del pueblo, pero no cree que el pueblo exista. Es evidente que una vez que las clases populares le han dado la espalda, le resulta imposible usurpar el ideal del pueblo.
Por esa misma razón, Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, prefiere hablar de los derechos que ella tutela en vez de defender los derechos que ejerce la ciudadanía. Si fuera así, no saldría a desgarrarse las vestiduras por el ideal de la transparencia, sino a dar explicaciones de por qué durante tres sexenios se reservaron más de 12 millones de expedientes y cómo se ha vulnerado sistemáticamente el derecho al acceso a la información.
Históricamente, las derechas acostumbran a tomar causas con las que intentan generar consenso, aunque las coloquen en una postura insostenible. Por la mañana pueden salir a defender el feminismo y por la tarde oponerse al derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Más que una cuestión de hipocresía, es la forma más cruda de revelar que se es incapaz de entender el mundo más allá del interés particular.
Mantenerse en lo abstracto les ha servido para evadir su responsabilidad por actos concretos. Hoy, los que salen a defender la “ley” son los mismos que se dedicaron a hacer leyes a modo. Por el mero hecho de que dejen de perpetrar abusos en nuestro nombre, vale la pena revelar su engaño.
