El martes 30 de agosto la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó avances del programa de sectorización de la red de agua potable. Un programa impresionante, quizá el esfuerzo más importante en esta administración para atender la delicada situación del agua en la capital del país.
La creación de 847 sectores hidrométricos pondrá orden a una red que hasta hace poco era una maraña gigantesca de tuberías, en las que 40 por ciento del agua potable se perdía en fugas. Para cuando se termine el 100 por ciento de los sectores, se habrán invertido alrededor de mil millones de pesos y la ciudad contará con un moderno sistema que permitirá mejorar el abastecimiento del agua, identificar y reparar fugas de manera más rápida y eficiente, mejorar la calidad del abasto, etcétera. Sin embargo, estas obras no serán visibles, pues prácticamente la totalidad de la tecnología instalada operará enterrada debajo de las calles. Y si bien muchos vecinos percibirán una mejora en el abasto de agua —sobre todo en Iztapalapa— y además es una obra fundamental para la sostenibilidad y la viabilidad de la ciudad en los próximos años, la mayoría no verá cambios en su día a día.
En el caso de la Ciudad de México el programa de sectorización no es el único de una gran obra, necesaria pero poco vistosa. Un caso similar es el proyecto Metro-energía, una subestación eléctrica de 4 mil 500 millones de pesos realizada en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que mejorará el abastecimiento eléctrico y permitirá el correcto funcionamiento de las líneas 1, 2 y 3 del Metro por las siguientes décadas.
Esta situación me hizo pensar en una creencia ampliamente compartida en la política, según la cual para un político es mejor utilizar el presupuesto público en obras vistosas e impactantes, o bien en acciones que generan un beneficio directo, inmediato y reconocible en la población. Pues se dice que son estas las que más fácilmente se traducen en votos y apoyo popular. Por otra parte, se considera que destinar el presupuesto en obras con poca visibilidad o difíciles de explicar en sus beneficios, por más importantes que puedan ser para el bienestar de la gente, son un desperdicio de recursos.
Por supuesto que esta creencia es problemática. Y es que si bien con el tipo de acciones anteriormente mencionadas se puede hacer mucho para garantizar derechos y producir bienestar, como la construcción de un nuevo hospital o la entrega de pensiones por discapacidad, por mencionar un par de ejemplos, se deja fuera un amplio número de acciones de gobierno que pueden no producir un beneficio a corto plazo —o incluso generar molestias en el presente, como el proyecto de la renovación de la línea 1 del Metro, que implica su cierre por 14 meses— pero que son necesarias para el bienestar futuro. También se dejan de lado otras obras que pueden no ser impactantes a la vista, pero que son igualmente importantes.
Cito a continuación una frase atribuida a David Stockman que encontré en un artículo de Paul Pierson recomendado por César Morales y que, me parece, representa de manera ejemplar esta forma de pensamiento común en la práctica política:
Una declaración atribuida a David Stockman, director de la oficina de presupuesto durante la administración Reagan, es inusual entre los tomadores de decisiones políticas sólo por su franqueza. Cuando un asesor le pidió en 1981 que abordara los graves problemas financieros a largo plazo del seguro social, Stockman descartó la idea de plano. Explicó que tenía poco interés en desperdiciar “mucho capital político sobre el problema de otro tipo en 2010”.
En la ciencia política se ha estudiado ampliamente este fenómeno y se le han dado muchas explicaciones. Sea cual sea la explicación más acertada, lo relevante es que esta creencia está presente y guía el actuar de muchos en la toma de decisiones públicas. Por lo mismo, creo que es importante voltear a ver y reconocer aquellos liderazgos que, teniendo responsabilidades de gobierno y con tanto en juego, deciden no actuar con las mismas fórmulas, sino que además eligen actuar priorizando el bienestar público a largo plazo. Si Sheinbaum hubiera seguido la fórmula de gobernar de los políticos de siempre, seguramente la línea 1 del metro seguiría operando a pesar de que ya pasaron más 13 años del fin de su vida útil; la ciudad, en lugar de estar dirigiéndose a ser una más sostenible, estaría agravando su crisis hídrica y a la próxima administración le habría tocado lidiar con tres líneas de metro sin abasto eléctrico.
El asumir la responsabilidad de gobernar para los beneficios de las mayorías al largo plazo a pesar de los costos políticos personales en periodos cortos es lo que hace distinto al gobierno de Claudia Sheinbaum, no sólo ante los políticos de oposición, sino ante la lógica cortoplacista de la grilla al uso.
