Los cambios en la estructura de edad en México son consecuencia de un proceso natural conocido como transición demográfica, que se caracteriza por bajas tasas de fecundidad y mortalidad. Como muchos países de América Latina, este se encuentran en un proceso de transición que perfila una proporción mayor de personas envejecidas en un futuro cercano. En 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destacó que el 43.9 por ciento de las personas mayores viven en condiciones de pobreza y que las carencias de mayor incidencia se ubicaron en el acceso a la salud y el rezago educativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa el tema del sistema previsional, mostrando preocupación y disposición política para asegurar el bienestar de las personas mayores. Esta iniciativa busca establecer en la constitución que los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 tengan derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, lo que podría tener un efecto directo en sus ingresos y, por ende, en su calidad de vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida para las personas envejecidas como la percepción de una persona sobre su vida en el contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas y estándares. También se considera que la salud física, la autonomía, las relaciones sociales, la condición económica, sociopolítica y ambiental en las que viven estas personas también son importantes.
Garantizar a las personas mayores una pensión equivalente a su último salario o al promedio salarial del IMSS (en caso de percibir una pensión menor), lo que, además, se sumaría a la pensión universal, aumenta las probabilidades de que este grupo poblacional tenga una mejor alimentación, salud y autonomía, aspectos fundamentales de la calidad de vida, pues no sólo se trata de vivir más años, sino de vivirlos bien.
La informalidad y la rigidez del sistema pensionario han dado lugar a bajas tasas de densidad y de reemplazo, incluso menores entre las mujeres, pues la pensión por retiro, vejez y cesantía la recibe un 47.8 por ciento de la población masculina, frente a un 18.6 por ciento entre la femenina. El panorama se agrava aún más si se considera que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres.
Así, la actual búsqueda de mejoras en materia de pensiones sólo puede pensarse en el terreno del bienestar, que además beneficiará particularmente a las mujeres.
