Se vuelve muy difícil debatir sobre la extensión del plazo para que elementos de las fuerzas armadas se mantengan en tareas de seguridad, o el sólo hecho de que participen en estas, cuando quienes se oponen a ello tienen tan poca autoridad moral y una ausencia absoluta de honestidad en sus argumentos.
Hablo de la oposición legislativa, que intenta hacer uso de la legítima inquietud de una parte de la sociedad sobre la participación del ejército en esta clase de tareas, a partir de la memoria histórica que dejaron actos de barbarie y violaciones francas a derechos humanos perpetrados por militares. Pero esta oposición no puede esquivar el hecho de que tales violaciones y la impunidad que las caracterizó se dieron durante sus administraciones, ni que el ejército, entonces usado ilegalmente para estas tareas, no fue la única corporación que reprodujo el abuso, la tiranía y la impunidad, sino también la Policía Federal, un cuerpo civil. Tampoco atinaron a explicar cómo es que todo ello se dio en medio de un proceso de desmantelamiento y corrupción de las policías estatales y municipales mientras sucedía que, con anuencia de estos mismos gobiernos, se armaba vertiginosamente a una delincuencia organizada hasta hacerla equivalente en fuerza al ejército, no a las disminuidas policías.
Reclaman hoy que hay que fortalecer las policías estatales y municipales, pero no han explicado qué pasa con el dinero que se sigue trasladando a los estados para ese propósito, ni por qué no han emprendido un modelo de fortalecimiento en general, salvo por excepciones, como la Ciudad de México. El hecho es que en dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN) y una priista (Partido Revolucionario Institucional) no atinaron sino a heredar 20 mil elementos policiacos descuartelados y una institución corrompida, pero exigen que en tres años la nueva corporación creada para atender el objetivo de combatir violencia de crimen organizado cuente ya con todo el andamiaje necesario para hacerlo, y no reconocen tampoco los avances que se registran en disminución de delitos de alto impacto, del índice de letalidad, o de quejas de violaciones a derechos humanos respecto a lo que heredaron.
Hay pocas salidas e importantes retos en este escenario. Por ejemplo, la garantía de mecanismos de rendición de cuentas del ejército, la Guardia Nacional o cualquier policía, pero en este juego de trincheras a eso no se ha querido ni entrar. En cambio, es muy factible que el senado desapruebe la modificación planteada para la extensión del periodo en que el ejército podría continuar apoyando a la consolidación y operación de una Guardia Nacional que, de acuerdo con la ley, se plantea de carácter civil. Si la extensión no se aprueba, esta oposición deberá explicar qué va a hacer con la violencia, con un cuerpo en vías de ser afianzado, sin el soporte militar.
