El Gobierno de México manifestó su desaprobación por el fallo que obliga a pagar una indemnización de 37.1 mdd a una empresa asociada a Diego Fernández de Cevallos.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El Gobierno de México manifestó su desaprobación por el fallo emitido por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Dicho laudo favoreció a la empresa Odyssey Marine Exploration, obligando al Gobierno Federal a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para un proyecto de dragado marino que afectaría un área “ecológicamente sensible” en las costas de Baja California Sur (BCS).
“No se permitirá el desarrollo de proyectos que atenten contra nuestros recursos naturales”, se lee en el comunicado oficial.
Mediante un comunicado, se informó que las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) buscarán anular el fallo ante las cortes competentes. Según el Gobierno Federal, durante el arbitraje internacional se demostró que la empresa “no cuenta con experiencia en la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino”.
Asimismo, se explicó que en 2016 y 2018 la SEMARNAT negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de Odyssey, denominado “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”. Como consecuencia, la empresa inició un arbitraje internacional contra México, basado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El proyecto, que se ubicaría en el Golfo de Ulloa, BCS, tiene entre sus socios a Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira. La obra contemplaba un dragado marino a una distancia de 12 millas náuticas (22,224 metros) de la costa, en un área de 61,989.2 hectáreas. El objetivo era extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
Durante el arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaría “un área ecológicamente sensible, hogar de especies como la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos”. También se presentó evidencia que demostraba la falta de experiencia de Odyssey en el sector minero, señalando que su principal actividad es la búsqueda de tesoros marinos.
“Se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido aplicadas en ningún lugar del mundo”, afirmó el comunicado.
En cuanto al fallo, las secretarías de Economía y Medio Ambiente señalaron que el tribunal internacional otorgó “un peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exdirectivos de la SEMARNAT presentados por Odyssey. Estos testigos afirmaron que la negación de la MIA se debió a motivos políticos y no científicos. Sin embargo, el Gobierno Federal argumentó que ambos testigos incurrieron en conflictos de interés, al haber recibido “pagos cuantiosos por testificar”, un hecho que el tribunal aparentemente no tomó en cuenta.
Según SEMARNAT, uno de los árbitros criticó el fallo al no haber sido aprobado de manera unánime y sostuvo que “las preocupaciones ambientales razonables de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Este árbitro calificó el laudo como “inédito e innovador en el peor de los sentidos”.
