Ministra Yazmín Esquivel: independencia judicial no debe oponerse a designación de jueces | ministra Lenia Batres: paro en el PJF, ilegal y “un error absoluto”
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yazmín Esquivel y Lenia Batres coincidieron sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial, cuya independencia no se violentaría con la elección popular de sus integrantes.
Durante su participación, este domingo, en el Foro de Análisis de la Reforma al Poder Judicial, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, señaló que la independencia judicial no puede ser pretexto para evadir la futura designación democrática de los juzgadores, ya que el voto popular sumará legitimidad y confianza.
La ministra consideró que la ciudadanía tiene el derecho inalienable a que se le imparta justicia por un juez independiente, responsable, imparcial y prudente.
“Indispensable armonizar la carrera judicial con legitimidad y democracia”, arrancó su participación en los foros.
“Es momento de dialogar sobre la manera en que debe perfeccionarse el mecanismo de voto popular, para lograr un sistema de elecciones democráticas, en que se elija a los mejores perfiles y con la experiencia necesaria para ocupar el trascendental cargo de juzgador”, expresó.
Concluyó que todos los cambios y transformaciones propias de la reforma tienen como objetivo que la justicia llegue a todas y todos los mexicanos, para que ninguna persona se quede sin acceso a la justicia.
Lenia Batres: paro del Poder Judicial, ilegal y un grave error
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que sería “un error absoluto” e ilegal el paro laboral que jueces y magistrados buscan poner a consulta.
Luego de participar en un foro sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en Baja California Sur, la ministra afirmó en conferencia de prensa que la suspensión de labores no tendría sustento legal porque las personas impartidoras de justicia no son trabajadores de base, por lo que sus derechos laborales no contemplan poder organizar un paro:
“Es un hecho que ni en la ley ni en las jurisprudencias los trabajadores de confianza cuenten con derechos adquiridos, luego entonces qué van a reclamar, esa es la pregunta ¿qué van a reclamar los jueces, los magistrados, los ministros. Como no pueden reclamar igual que un trabajador de base sus derechos laborales, entonces lo que van a reclamar pues es una posición política, van a reclamar por que no se haga una reforma, van a reclamar a otro poder que no ejerza sus facultades. Pues yo no sé si eso sea legítimo, me parece que es un error absoluto, es un error profundo porque se va a lo más directo de la politización de la función, en este caso de estos jueces, magistrados y ministros, van a hacer una presión absolutamente política”.
Asimismo, en su columna de El Universal, opinó que la citada huelga Se trata en realidad de una presión política para defender los privilegios de los altos funcionarios de ese poder:
“Es preciso recordar que conforme a la ley los jueces, magistrados y ministros no somos basificados ni sindicalizados, somos trabajadores de confianza que además ejercemos un mandato constitucional. Este es el argumento fundamental que dio existencia al apartado B del artículo 123 constitucional, donde se fija a los trabajadores al servicio del Estado un régimen laboral distinto a del resto de los asalariados”.
Acusó que el paro es “una forma de presión política”, pues su finalidad no es defender ninguna conquista laboral o prestación económica, sino tratar de impedir la materialización de una decisión de uno de los tres poderes de la Unión, el Legislativo.
Consideró necesario explicarlo con claridad: no es un problema laboral, es un problema político de la cúpula judicial, ya que no se están defendiendo los derechos de los trabajadores ni sus prestaciones.
Agregó que tampoco se trata del derecho a huelga, el cual está garantizado por la Constitución para que los trabajadores defiendan sus derechos, no para que sus jefes defiendan sus privilegios.
