Mi generación creció escuchando la palabra cártel para hacer referencia al tráfico de drogas y armas. Hoy su uso se ha extendido. En los últimos meses hemos recibido noticias de otro tipo de organizaciones ilícitas cobijadas bajo el mismo término: el cártel inmobiliario de la Ciudad de México, por ejemplo.
Aunque un juez otorgó una suspensión que prohíbe a la Fiscalía General de Justicia seguir utilizando la expresión por resultar criminalizadora, aclaro aquí lo que debemos entender al escucharla. Por cártel inmobiliario de la CDMX, las autoridades y medios se refieren a la red de políticos, constructoras, burócratas, empresarios y notarios que, en Benito Juárez y seguramente en otras alcaldías de la capital, gestionaba (aunque la palabra quizás no sea esa) el otorgamiento de permisos inmobiliarios de forma ilegal. Como es de suponerse, tales permisos y autorizaciones eran otorgadas en favor de desarrolladoras relacionadas directamente con funcionarios de la alcaldía panista. Como consecuencia de la investigación iniciada en relación con este cártel, Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, ha sido detenido. El delito que se le imputa: enriquecimiento ilícito. La Fiscalía busca también a otros funcionarios, el exdirector de Obra Pública incluido. No sería raro que los entonces jefes delegaciones terminen por ser implicados en la causa judicial.
El cártel inmobiliario afectó, como ya es costumbre, a los más pobres. Benefició, sin causarle sorpresa a nadie, a los más ricos.
Por regla general, el propietario de una cosa puede hacer lo que quiera con ella, incluso destruirla —el acto máximo de disposición de lo que es propio—. Esto no es así cuando la propiedad recae sobre un inmueble; los propietarios no pueden hacer con estos lo que les plazca. Es la autoridad de los tres niveles (federal, estatal y municipal) la que determina qué sí y qué no se puede hacer en los predios. No es aleatorio, por ejemplo, que determinadas zonas sean exclusivamente residenciales y que en otras puedan construirse escuelas, centros deportivos, oficinas o comercios. No es producto del azar: responde a cierta planeación que ha realizado el Estado y que se encuentra detallada en documentos llamados programas de desarrollo urbano.
Dentro de los factores que el Estado considera para realizar sus pronósticos y planeación se encuentran aspectos demográficos y sociológicos. Así, por ejemplo, para la elaboración del Programa Delegación de Desarrollo Urbano de Benito Juárez se consideró, entre otros elementos, su densidad poblacional, su proyección de crecimiento, la actividad económica de sus habitantes, la necesidad de transporte, etcétera. En función de dicha información es que se proyectó una distribución de usos de suelo y densidades conforme a los cuales deberían emitirse los permisos de desarrollo inmobiliario.
El cártel inmobiliario de la Benito Juárez autorizó más de mil obras en condiciones irregulares, lo que implicó, haciendo un cálculo conservador, alrededor de 20 mil departamentos en condiciones anómalas. Esto, en adición a tantas otras causas —como la atractiva especulación inmobiliaria de miles de desarrolladores—, ha provocado un boom inmobiliario que, además de afectar la planeación urbana de toda la alcaldía, y otras partes de la capital, impulsa el fenómeno de desplazamiento de la población más vulnerable hacia la periferia. Lo dicho: al ganar los muy ricos, pierden los muy pobres.
Precisamente para evitar fenómenos de desalojo de los grupos más desprotegidos es que el gobierno de la Ciudad emitió la Norma 26. Con esto se buscaba impulsar la construcción de vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México, ofreciendo a los constructores ciertos incentivos y ventajas. Además, permite construir más pisos de los que, en términos ordinarios, serían autorizados. Según han demostrado las investigaciones de la Fiscalía, otra de las fechorías que permitió el cártel inmobiliario fue la aplicación de la Norma 26 para construir inmuebles que, por su precio y características, rebasan por mucho lo que comprendemos por vivienda de interés social y popular.
Si algo bueno vamos a sacar del mentado cártel, es recordar la importancia y protección que requiere la planeación urbana. En esta descansa buena parte de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de quienes aquí vivimos. La planeación urbana tiene, en la Ciudad de México y en China, algunos adversarios naturales: el acaparamiento y la codicia. En el negocio inmobiliario hay mucho dinero, poca supervisión y todas las posibilidades de colusión entre empresas voraces y funcionarios estatales. No nos engañemos: el campo de acción y los efectos del cártel inmobiliario no terminan cruzando Narvarte; están, con toda probabilidad, en cada código postal de la Ciudad de México.
