Este 5 de abril se produjo uno de los avasallamientos más importantes al derecho internacional en lo que va de este siglo.
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron ilegalmente a la embajada mexicana, autorizados por el presidente Daniel Noboa. Este hecho tuvo como objetivo secuestrar al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien junto a Roberto Canseco Martínez, jefe de la misión diplomática, fue sometido con violencia a los designios policiales. De forma inmediata, los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y otros países de Europa condenaron el hecho. México, por su parte, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador e inició una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas.
Durante las primeras audiencias de la Corte, Ecuador tildó de “excepcional” su ingreso a la embajada, mientras que México afirmó que se trató de una evidente violación al derecho internacional, que puede instalar un precedente peligroso para la región. El asilo político es una figura de protección internacional que ejercen los Estados de forma autónoma. El reconocimiento del asilo implica un proceso complejo, no automático ni caprichoso. Para su otorgamiento debe existir una investigación previa por parte del Estado asilante (en este caso, México) que reúne la suficiente cantidad de pruebas para legitimar la necesidad de la protección. De ninguna manera el asilo puede retirarse por voluntad del gobierno que persigue, pues allí no tiene injerencia su opinión. Tampoco puede ser obstaculizado por medio de normativas locales.
Recordemos que el lawfare consiste justamente en utilizar la justicia como un medio para detener a presidentes, parlamentarios y voces opositoras importantes. La historia de las dictaduras latinoamericanas ha demostrado que ningún régimen autoritario define públicamente a sus oponentes por su carácter político, sino que los llama delincuentes comunes, terroristas, corruptos, etcétera.
La tradición de asilo en México es de larga data. Su actuar en la protección a los perseguidos políticos de todo el mundo no es nuevo; por el contrario, se trata de un país con una enorme trayectoria histórica y conocimiento de las normas de convivencia interestatales. Ecuador ofende ese saber al utilizar una estrategia que seguramente le costará muy caro: acusar al gobierno mexicano de usar la figura del asilo para proteger a un supuesto criminal y apoyarse en ese criterio autoritario para justificar la toma de la embajada por medio de las armas.
Ecuador pudo haber optado por permitir la salida de Glas y exigir su extradición, o bien, cuestionar la decisión mexicana en órganos supranacionales. En su lugar, hoy Jorge Glas es un preso político. Para México, sigue siendo, además, un asilado al que se debe liberar. Ante ello, lo que resta saber es si la comunidad internacional podrá revertir esta situación y garantizar su protección, o si este es el preludio de una ruptura profunda sobre el asilo tal como lo conocíamos.
