En 1993, un año antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el lingüista y analista político Noam Chomsky escribió un artículo en la revista The Nation en el que mostró muy pocas ilusiones acerca de lo que habría de venir. Citando al entonces director de la empresa Eastman Kodak y a Michael Aho, del Consejo de Relaciones Exteriores, Chomsky notó que el tratado tendría el efecto de anclar la apertura de la economía mexicana de tal forma que ningún gobierno posterior pudiera revertirla. Así, aunque se rompiera la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para permitir la llegada de un gobierno democrático que desafiara a Estados Unidos en terrenos económicos y nacionalistas, el tratado funcionaría como una camisa de fuerza, impidiendo que se tomara cualquier medida que pudiera considerarse un estorbo al comercio. “Como siempre”, dijo Chomsky, “la amenaza básica es una democracia funcional”.
Hoy, en 2022, Estados Unidos y Canadá están blandiendo el sucesor del TLCAN, el T-MEC, con tal de revertir la decisión soberana de México de fortalecer su sector energético público. Ni siquiera nacionalizarlo —como está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia con la empresa EDF—, sino sólo fortalecerlo, dejando un amplio espacio a la iniciativa privada. No importa: según los querellantes, México, al privilegiar el despacho de fuentes públicas de energía, está perjudicando a empresas canadienses y estadounidenses, mediante un trato menos favorable. Así, pretenden equiparar instituciones emanadas de un gobierno democrático (la “amenaza básica”, nos recuerda Chomsky), encargadas de velar por el bien público, con otro inversor particular más. Claro que no fueron las empresas privadas, sino la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que electrificó a las regiones más remotas de México. Y claro está que las empresas jamás lo habrían hecho. Pero según el argumento de Estados Unidos y Canadá, tanto la Comisión como las empresas tienen que ser tratadas con igualdad de condiciones.
Llevada a su última consecuencia, esta interpretación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá conduciría a la parálisis del sector público, reduciéndolo al papel de mero otorgante de contratos para el sector privado. En otras palabras, un cascarón. Podría seguir haciendo lo que el sector privado no querría —construir calles, instalar alumbramiento— pero en cuanto la infraestructura esté en su lugar y las condiciones para ganar dinero queden aseguradas, el tratado se encargaría de coartar su acción. ¿Y si alguien se atreviera a quejarse por tan injusta situación? La queja se canalizaría directamente a un pánel internacional, lejos de cualquier mecanismo democrático de participación o de rendición de cuentas.
Por eso la importancia de cuestionar estos acuerdos, en lugar de sencillamente ceder a la derecha el debate sobre el “libre comercio” y la “integración”. En 2019, el T-MEC fue ratificado por un congreso mexicano de mayoría morenista casi sin discusión, un escenario muy diferente al de la enardecida polémica que se generó alrededor del TLCAN en los años 90. El presidente de México, incluso, ha propuesto una unión política y económica de las Américas que incluya a Estados Unidos y Canadá. Preguntémonos: si ya con el T-MEC pretenden meterse de esa forma con las decisiones democráticas de México, ¿cómo sería el asunto dentro de una unión más estrecha? Cuestión nada más de ver cómo los países de llamado core de la Unión Europea (como Alemania) han tratado a los países “periféricos”: a través de los mecanismos y tratados de la Unión, en coordinación con su banco central, han impuesto programas de ajustes estructurales y préstamos onerosos, recortes de proyectos o aumentos de impuestos; incluso han destituido gobiernos. ¿Eso queremos?
Parecería que en el momento oportuno el empecinamiento de los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau en el tema energético ha arrojado este debate nuevamente a la esfera pública: en la mañanera del jueves 28 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si tuviera que ceder soberanía para mantener el tratado con Estados Unidos y Canadá, no lo aceptaría. Al mismo tiempo, sin embargo, su gobierno está negociando tratados de libre comercio con Ecuador, Reino Unido y Corea del Sur. ¿Qué contienen estos acuerdos? ¿Qué implican en términos de energía, derechos laborales, servicios de salud y farmacéuticos, agricultura y transgénicos, medio ambiente, transferencia de competencias nacionales a instancias internacionales? Si uno de los lemas de la 4T es hacer que la vida pública sea cada vez más pública, el mundo hermético de los tratados comerciales sería un excelente lugar para aplicarlo. Bienvenido el debate.
