Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará al Congreso este 5 de febrero una iniciativa de reforma adicional a la de 2020 para el sistema de pensiones, con el fin de incrementar la tasa de reemplazo. Este término se refiere al ingreso que recibe una persona como pensión en relación con el promedio de los salarios que percibió a lo largo de su vida laboral. Antes de la reforma de 2020, este indicador tenía un valor de entre 20 y 40 por ciento, dependiendo del promedio salarial. Gracias a la reforma, este porcentaje se elevará a entre 45 y 60 puntos porcentuales. Esto se logrará mediante un incremento gradual hasta 2030 de las aportaciones que hacen tanto patrones como trabajadores a la seguridad social. En general, una tasa de reemplazo del 70 por ciento se considera como la más adecuada, ya que las personas adultas mayores ya no tienen que mantener a sus hijos y su nivel de gasto disminuye.
El costo fiscal (tax wedge, en inglés) es una medida de la carga fiscal en el ingreso laboral, que incluye los impuestos pagados por el patrón y el trabajador. Dentro de estos figuran el impuesto sobre la renta (ISR), que se le cobra al trabajador, las aportaciones a la seguridad social que hacen tanto los patrones como los trabajadores y, en caso de existir, las transferencias a los hogares, si se hacen por medio de la nómina. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el costo fiscal de un trabajador con un sueldo promedio —casad@ con dos hijos— fue de 20.4 por ciento en 2022, uno de los más bajos de los países miembros del organismo.
El promedio para los integrantes de la OCDE fue de 25.6 por ciento. Si se descompone este porcentaje, 10.28 puntos porcentuales corresponden a las aportaciones a la seguridad social pagada por el patrón; 8.88 al ISR; y 1.24 a las aportaciones a la seguridad social pagadas por el trabajador. Dado el aumento gradual de las aportaciones que harán los patrones y los trabajadores a la seguridad social, es previsible que este costo vaya aumentando. Si comparamos a un trabajador que gana un sueldo promedio y con el mismo número de dependientes en un país como Costa Rica, que presenta condiciones similares de desarrollo a las de México, el costo fiscal es de 29.25 por ciento, cercano al valor promedio de los países miembros de la OCDE. Si hacemos la descomposición de este costo, queda de la siguiente manera: 20.95 puntos porcentuales son pagados por el patrón como aportaciones a la seguridad social y 8.3 corresponden al trabajador. Cabe aclarar que en Costa Rica no se les descuenta el ISR a los trabajadores.
En 2021, las pensiones representaron 14 por ciento del total de los ingresos del Estado mexicano, cuando en los países de la OCDE fue de 26 por ciento. México destinó en 2022 2.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) al pago de pensiones, mientras que, Costa Rica aportó el 8.9. Esto explica, en parte, por qué mucha gente no tiene otra pensión que no sea la universal, y los que llegan a tener una del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la encuentran muy baja. La otra explicación es que muchos trabajadores fluctúan entre el sector informal y formal a lo largo de su vida y no alcanzan a cumplir con el mínimo de semanas para tener derecho a una pensión. La reforma de 2020 redujo el número mínimo de semanas de mil 250 a 750, aunque irán aumentando de manera gradual hasta mil en 2031. Una explicación adicional es que muchos trabajadores informales trabajan en el sector formal, pero sus patrones no les otorgan las prestaciones que marca la ley.
