Pese a que del otro lado ofrecen realmente muy poco, el obradorismo se puso como objetivo no sólo ganar la elección del año próximo, sino formar una nueva mayoría legislativa. En efecto, el llamado plan C surgió en la coyuntura de la segunda mitad del sexenio, cuando los números en el poder legislativo frenaron el ímpetu reformador del gobierno y la Suprema Corte se destapó como el último refugio de intereses que radican en otro lado.
De esta manera, el plan C, anunciado por el propio presidente en mayo de 2023, no es otra cosa que la estrategia planteada para dar vuelta a tal situación: cambiar la relación de fuerzas al interior de las instituciones de representación política. Se trata, en efecto, de revalidar el proyecto en las urnas, convirtiendo la elección de 2024 en un plebiscito entre la continuidad y la vuelta atrás.
Como planteamiento público, el plan busca instalar un marco narrativo y de operación política adecuado para lograr su objetivo. Su anuncio adelanta una lectura en la que los resultados electorales serán interpretados como expresión de una voluntad de transformación que legitime las reformas de la segunda etapa. De esta manera, la distribución de fuerzas que resulte de la jornada electoral de 2024 tendrá un sentido y un fin muy concreto, dándole al voto de la ciudadanía una significación muy profunda.
Al nivel de las prácticas, las premisas del plan C demandan el establecimiento de un amplio y diverso sistema de alianzas.
La incorporación de liderazgos extrapartidarios y, junto con ellos, el arribo de sus equipos y estructuras apunta a construir una capilaridad política capaz de llegar a todas las secciones y distritos electorales. Esto, no hay que perderlo de vista, significa asumir negociaciones y compromisos muy diversos.
Aunque adecuada para cumplir con el objetivo propuesto, esta estrategia no está exenta de riesgos. Cada nueva incorporación al movimiento significa también el desplazamiento de alguien que ya estaba adentro y que tal vez apuntaba a los mismos objetivos de los recién llegados (un cargo, una candidatura, una agenda de políticas públicas, etcétera). La gestión de estas tensiones será un gran desafío no sólo durante la campaña, sino a lo largo del muy probable gobierno de Claudia Sheinbaum.
En este contexto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría cumplir un rol importante después de 2024, en tanto resulta indispensable contar con varios espacios de articulación de los intereses contenidos en este nuevo sistema de alianzas. Y es que, recordémoslo, articulación no quiere decir simple adición: no se trata de poner cosas juntas; por el contrario, implica un fino trabajo de tejido capaz de establecer las tramas de interdependencia que posibilitan que estos intereses queden, de alguna forma, vinculados entre sí.
Para cumplir esta función, Morena deberá darse una institucionalidad adecuada. El nuevo papel de los gobernadores partidarios, factor de poder inexistente antes de 2018, evidencia una búsqueda, todavía inconclusa, por encontrar una organización efectiva para afrontar los retos de una nueva etapa política, marcada, sin duda, por el retiro de Andrés Manuel López Obrador, arquitecto de un movimiento social y político que marcará las décadas venideras de la política mexicana.
Luego de la elección de 2024, este proceso de institucionalización del partido deberá acelerarse. De conseguir los resultados esperados en el plan C, la siguiente etapa demandará de una constante gestión política para lograr que las reformas propuestas no sólo pasen, sino que su contenido final responda a las expectativas de una genuina transformación.
