Este septiembre el Gobierno de México le entregó a la Cámara de Diputados el último presupuesto de egresos de la actual administración. Planteo algunas precisiones alrededor de temas que han causado cierta confusión.
Un aspecto mal leído ha sido el de cambios en la composición del gasto. Por un lado, ha habido señalamientos de que el presupuesto para 2024 implica recortes importantes en el gasto en sectores como la salud y el turismo en favor de un incremento en los egresos para la defensa. Esto ocurre porque una lectura sobre las instancias ejecutoras del gasto no es la forma más apropiada de analizar para qué se usa el presupuesto.
En el caso de salud, el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud es efectivamente 56 por ciento inferior en términos reales al aprobado para la misma dependencia en 2023. Sin embargo, esto no considera que en el presupuesto de ese año se incluía al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que desapareció y cuyas responsabilidades serán absorbidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar.
El caso más drástico sucede con la Secretaría de Turismo, cuyo presupuesto para 2024 es sólo cerca de 1 por ciento del de 2023. Sin embargo, se debe considerar que por varios años el monto de esta dependencia estuvo dirigido casi en su totalidad al Tren Maya, cuyo gasto será ejecutado desde 2024 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otra confusión que ha dado la vuelta en medios y redes sociales contempla el endeudamiento y la deuda del sector público. Aquí cabe precisar primero la distinción entre endeudamiento (la deuda nueva) y el saldo de la deuda (el acumulado). Por un lado, el endeudamiento para el 2024 representa el 5.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), el doble del 2.7 por ciento propuesto para 2023. Este endeudamiento compensa la caída en los ingresos, principalmente de los petroleros.
Hay que recordar que aproximadamente el 14 por ciento de los ingresos totales del gobierno se originan del petróleo. Una razón por la que los ingresos serán más bajos en 2024 es porque el precio proyectado del hidrocarburo ronda los 56.7 dólares por barril, en comparación con los 68.7 dólares por barril proyectados para el año en curso. Los ingresos también se verán reducidos por la disminución en el derecho de utilidad compartida, que es en la práctica un impuesto a las ganancias que el gobierno ejerce sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual representa un faltante de alrededor de 44 mil millones de pesos.
Todos los gobiernos emplean el endeudamiento como una forma de cerrar sus presupuestos en el corto plazo. Lo más importante para valorar la salud de las finanzas públicas es la proporción deuda-PIB, que en el sentido más amplio de la deuda se ha mantenido en niveles menores al 50 por ciento (excepto en 2020, a causa de la pandemia), lo cual es ampliamente aceptado por los economistas como una trayectoria sostenible. Esta sostenibilidad en parte explica por qué el país ha atraído cifras récord de inversión en el último año.
Finalmente, destaca que los proyectos de inversión en infraestructura, particularmente el del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Suburbano México-Toluca, recibirán en conjunto cerca de 150 mil millones de pesos. Esto es importante pues, a pesar de los múltiples obstáculos, es altamente probable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregue dichas obras clave con algún grado de operabilidad, a diferencia de lo sucedido con la refinería de Tula o el mismo Tren Suburbano en administraciones previas. Sin embargo, en el agregado, la inversión pública registra una reducción del 11 por ciento respecto a 2023.
Con este último presupuesto quedan evidenciadas algunas nuevas inercias. El gasto en desarrollo social es históricamente alto y programas como la pensión para adultos mayores siguen recibiendo un presupuesto creciente. Por otro lado, la dependencia de los ingresos de Pemex hace que las finanzas públicas sean vulnerables a fluctuaciones en el mercado internacional, lo cual vuelve apremiante una salida de largo plazo para modificar los pilares de los ingresos publicos. Además, el gasto en inversión no ha logrado alcanzar el ritmo requerido para aprovechar circunstancias favorables, como el nearshoring. Estas nuevas inercias en el presupuesto nos dan una idea de la agenda fiscal para el próximo sexenio, centrada en las formas y propósitos de los múltiples cambios fiscales que aparecen como indispensables.
