La democracia, en su definición más básica, ofrece siempre un compendio de reglas para obtener y ejercer el poder, y para dirimir pacíficamente las disputas e intereses en pugna en una sociedad compleja. Lo que no se nos dice a veces es que la democracia y sus reglas, por abarcadoras y perfectas que sean, siempre son incompletas, perfectibles y el contexto en que se desarrollan puede contener caminos inexplorados. Y para resolver, o al menos procesar, esas imperfecciones, está la política.
Un ejemplo ilustra el hecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el plan B de reforma política que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso. La decisión respondió más a razones de forma que de contenido, pero ello supuso que la propuesta presidencial quedara zanjada.
La respuesta del presidente fue señalar que, ante la Corte como contrapeso de última instancia, lo que procede entonces es ganar en las urnas una mayoría que pueda procesar cambios constitucionales en el congreso. Es decir, López Obrador propuso lo que cualquier político, de cualquier partido, de cualquier democracia, de cualquier país busca: lograr en las urnas la mayor cantidad de votos y puestos posible para con ella lograr que su agenda y su proyecto sean impulsados y procesados de manera más fácil.
Ese dicho del presidente no sólo es una verdad de Perogrullo, también es una consigna legítima: en democracia, es absolutamente normal y legítimo que los partidos busquen obtener mayorías en todos los ámbitos. ¿A quién puede causarle temor esto o quién podría pensar que tal aserto se trata de algún tipo de autoritarismo o amenaza? Sólo a quien sea incapaz de entender que esa proposición no tiene nada de extraño, porque el partido del presidente va a competir contra otros partidos… mismos que, oh sorpresa, buscarán exactamente lo mismo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Un político puede decir que su partido debe buscar ganar una mayoría abrumadora en las urnas. Si alguien ve en ello una consigna amenazante, es tan absurdo como sugerir, por ejemplo, que el PAN —Partido Acción Nacional— en 2024 sólo podría postular una candidatura presidencial pero no aspirantes al congreso porque si gana lo primero y alcanza mayoría en lo segundo, en automático ejerce autoritarismo. Así de disparatada es la lógica de quien acusa “dictaduras” o “golpes” en la normal búsqueda de votos que caracteriza a las democracias.
Este disparate parece tener como base un error de origen: la tendencia de los adversarios de López Obrador a pensar los nuevos tiempos todavía en los términos del viejo régimen. Las mayorías de antaño podían acusarse de ser producto del verticalismo y la imposición, además de una competencia sin reglas equitativas. Y eso hacía espurias a esas mayorías. Pero hoy, guste o no, las mayorías solamente pueden alcanzarse mediante el voto y los partidos que lo buscan enfrentan, más o menos, las mismas trabas para lograrlo.
A este error de origen se le suma uno de interpretación histórica, que es el ignorar que López Obrador nunca ha sido un político moldeado en las élites burocráticas, sino que ha solido utilizar las herramientas de la ley y la política mancomunadas para buscar sus objetivos. En 2005, cuando su desafuero, articuló la defensa jurídica con una interpelación popular para acabar con una canallada autoritaria de Vicente Fox. En 2009, cuando el Tribunal Electoral ensució brutalmente la contienda delegacional en Iztapalapa, López Obrador y su movimiento encauzaron una reacción tremenda, donde, jugando con las reglas de la ley y las alternativas de la política, revirtieron una imposición canalla y ganaron arrolladoramente una elección local.
Esa es una de las ventajas que López Obrador tiene sobre el grueso de sus adversarios: no ceñirse a rituales ni a camisas de fuerza y saber que cuando en el gobierno se choca con pared, la política siempre puede abrir ventanas pacíficas y legítimas para lograr objetivos. Y eso es chocante. Porque es democrático.
